UGT celebra su 43º Congreso
Antón Saracíbar*
La presente situación no se debe solamente a la
crisis del 2008 y a los recientes efectos de la Pandemia; sino que viene de muy de lejos. No debemos olvidar que en los años ‘80
los sindicatos aceptaron con lealtad un duro ajuste industrial y de salarios,
justificado por la crítica situación de la economía española, sin alcanzar las
justas compensaciones. Además de los sacrificios y las medidas impopulares, lo
que preocupaba a los dirigentes sindicales era el tono con el que eran tratados
en las altas esferas del Gobierno: la visión creciente de los sindicatos como
organizaciones opuestas al progreso social y como grupos de presión en defensa
de intereses corporativos a los que había que limitar su capacidad de acción.
Se apostó, en definitiva, por una ‘socialdemocracia
sin sindicatos…’, como si eso fuera posible. Desde entonces, las políticas
económicas que se han venido practicando (salvo algunas excepciones) no han
corregido el deterioro del empleo; reducido la precariedad del mercado de
trabajo; aumentado la protección social; mejorado la calidad de los servicios
públicos; y propiciado una política fiscal más justa.
Actualmente, las altas cifras de paro y la precariedad del mercado
de trabajo constituyen un considerable freno a la acción sindical. La última
Encuesta de Población Activa (Primer Trimestre 2021) refleja una importante
reducción de la Población Activa (-203.400 personas) y en la Ocupación
(-137.600 personas). Mientras, se incrementa el número de personas Inactivas
(+195.300) que ya son cerca de 17 millones; en el primer trimestre de 2021 más
de un millón de personas no han podido buscar empleo a pesar de estar
disponibles para trabajar. En España las personas paradas son el 15,98% (3,7
millones), solo superada por Grecia, doblando la Tasa de Paro de la UE-27;
mientras que con el 38,5% de paro entre los jóvenes menores de 25 años somos
líderes y más que doblamos la media de la UE-27 (16,8% en 2020). En cuanto a la
calidad del empleo, España con una Tasa de Temporalidad del 23,8% lidera la
UE-27 (13,6% en 2020), y las personas ocupadas a Tiempo Parcial son el 14% (2,7
millones) de las que 3 de cada 4 son mujeres, lo que influye decisivamente en
la ‘brecha salarial’. Aumenta el Paro de
Larga Duración (en España es del 5% de la Población Activa, doblando la media
de la UE-27), y 600.000 personas habían perdido su empleo hace tres o más años
y seguían sin encontrar una ocupación. Advertir que cuatro millones de personas
se encontraban en Paro Registrado en febrero de 2021, de las que solo el 59% percibieron
algún tipo de prestación por desempleo, y únicamente el 29% pudo recibir la
Prestación Contributiva. Por último, 1.226.200 Hogares tenían a todos sus
miembros en Paro, 152.400 Hogares más que en el Primer Trimestre de 2020. (Alberto
Pérez García. Grupo Adecco).
A la vista de esta realidad laboral y social, pudiera dar la
impresión de que nos hemos acostumbrado a convivir con problemas mayúsculos e
intolerables en una sociedad moderna.
La actual legislación laboral está influyendo muy negativamente
en el trabajo sindical. Prácticamente todas las reformas laborales llevadas a
cabo desde la aprobación del Estatuto de los Trabajadores (marzo de 1980) han
perjudicado seriamente a los sindicatos y desregulado, hasta límites extremos,
el mercado de trabajo. Sobre todo, la última reforma del PP (año 2012) ha sido
nefasta, porque ha dinamitado los salarios y desequilibrado (prevalencia del
convenio de empresa sobre el sectorial, eliminación de la ultraactividad de los
convenios, inaplicación de los convenios colectivos, etc.) la relación de
fuerzas a favor de los empresarios en la negociación colectiva.
Además, existen factores externos que están influyendo notablemente
en los sindicatos. La relación histórica entre los sindicatos y los partidos de
izquierda siempre ha sido fluida al tratarse de una relación entre
organizaciones de clase. Sin embargo, la conversión de los partidos de
izquierda en partidos interclasistas eliminó las referencias partidarias de los
sindicatos. Por eso, en la actualidad, las únicas referencias válidas de los
sindicatos son la autonomía sindical, la unidad de acción sindical y las ideas
progresistas: la centralidad del trabajo y los trabajadores, el empleo decente,
las políticas redistributivas (lucha por la igualdad) y la solidaridad
internacional.
Es preocupante el desplome que ha sufrido la formación
sindical en contraste con la labor desarrollada en las históricas ‘Casas del Pueblo’, donde se divulgaban
las ideas socialistas, se hacía proselitismo y se formaba a la clase obrera;
sobre todo a los jóvenes a los que se quería separar de las plazas de toros, de
las iglesias, de las juergas y de los abusos alcohólicos. En aquel entonces se
aspiraba a formar un hombre nuevo (el llamado ‘obrero consciente’), distinto, cuando no opuesto al que se suponía
había contribuido a crear la sociedad burguesa y la moral católica. Hoy la
formación sindical de los delegados, miembros de los comités de empresa y
afiliados en general, no ocupa el epicentro de una estrategia sindical dirigida
a fortalecer organizativamente el sindicato desde la base, mediante la
formación continua y la capacitación de sus miembros.
Debemos referirnos también al riesgo de burocratización de
los sindicatos como uno de los potenciales problemas del sindicalismo moderno.
Se puede constatar la baja participación de los delegados y afiliados en las
estructuras del sindicato, la caída de la democracia interna en la toma de
decisiones y la escasa presencia organizada de los sindicatos en los centros de
trabajo. Por otra parte, la acción sindical está muy marcada por su carácter
institucional y pactista y, lo que es más grave, adolece de músculo sindical,
capacidad de movilización, contestación y actitud de combate.
El movimiento sindical tiene un serio problema para la financiación
de sus estructuras. Los últimos ataques ideológicos a los sindicatos, entre
otras cosas, han obligado a eliminar gastos y a racionalizar y reducir sus estructuras
(Federaciones y Uniones) hasta límites extremos, lo que condiciona muy
negativamente su acción sindical y la presencia del sindicato en las empresas y
en la sociedad: porque la acción del sindicato no termina a las puertas del
centro de trabajo. Ello exige reflexionar sobre las medidas de apoyo al
movimiento sindical, como ocurre en los países más avanzados de la UE, ante una
realidad indiscutible: los sindicatos defienden, sin recibir nada a cambio, a
todos los trabajadores y no solamente a sus afiliados, a través del diálogo
social y la negociación colectiva; por lo tanto, parte de los gastos que se
generan se deberían imputar, de alguna manera, a los no afiliados, a pesar de
que un sindicato debe aspirar a financiarse exclusivamente a través de sus
cuotas.
Finalmente, la baja afiliación es el corolario de esta
situación en un marco laboral desfavorable para los sindicatos, sobre todo en
las empresas menores de 50 trabajadores (donde un buen número de los delegados elegidos
en las listas sindicales no están afiliados). Con el añadido de que en las
empresas de 1 a 5 trabajadores (que son el 77% del total de las empresas
inscritas en la Seguridad Social y dan ocupación al 15% de los trabajadores) no
se pueden, según el Estatuto de los Trabajadores, realizar elecciones
sindicales; por lo que cerca de dos millones de trabajadores empleados en casi
un millón de empresas, no tienen derecho a participar en la empresa a través de
los órganos de representación colectiva, con lo que ello supone para las
relaciones laborales y las condiciones de trabajo de los afectados. La baja afiliación repercute decisivamente en
la relación de fuerzas y, desde luego, en el desarrollo de un sindicalismo de
base, pegado a la realidad de las empresas y al sentir mayoritario de los
trabajadores, que no se ven suficientemente representados por el movimiento sindical.
En este duro contexto se ha desarrollado una acción sindical
defensiva encaminada a limitar daños, de marcado carácter institucional y
basada en la consecución de grandes acuerdos. A estos factores hay que añadir
los problemas derivados de una débil acción sindical en las empresas, la
desmovilización de los trabajadores, la limitada presencia en las redes
sociales y en movimientos emergentes, así como la falta de alternativas
sindicales viables relacionadas con el desempleo y la precariedad; que han
terminado por deteriorar gravemente la credibilidad de los propios sindicatos.
Hasta aquí unos breves apuntes sobre la situación actual que
será analizada en el 43º Congreso de UGT. En respuesta a este diagnóstico, el
Sindicato ha aprobado para su debate un Plan de Acción en defensa de la justicia
social, de la dignidad y la paz en el mundo, capaz de responder a los problemas
que más preocupan a los trabajadores: el desempleo (jóvenes y larga duración),
los salarios (SMI), la precariedad (temporalidad, tiempo parcial, falsos autónomos, plataformas
digitales…), los servicios públicos (sanidad y educación), la protección social
(pensiones, desempleo, dependencia, IMV…), la igualdad de género, la política
industrial, la digitalización en el trabajo, el cambio hacia un modelo
productivo sostenible y una política fiscal progresista que ayude a superar la
desigualdad, la pobreza y la exclusión social. Garantizando que la salida de la
crisis se lleve a cabo apostando por la centralidad del trabajo: porque todo comienza
por un empleo. Esta debe ser una exigencia que se contemple en las resoluciones
congresuales porque, como se ha demostrado a través de la historia, los
sindicatos y los trabajadores han sido siempre los que más han sufrido el coste
de las crisis.
Por eso, los sindicatos deben participar activamente en la
reconstrucción y modernización del país y en la canalización de las ayudas de
la UE. Es el momento de reafirmar que las empresas, el mercado y el capital
financiero nunca han aportado soluciones reales, al margen de seguir defendiendo
sus propios intereses alejados de la ‘responsabilidad
social’ que les corresponde en una sociedad democrática. Las recientes
declaraciones de Biden anunciando una subida de impuestos a los más ricos (y
también a las grandes empresas multinacionales) y animando a los trabajadores a
que se sindiquen, además del impuesto de sucesiones vigente en Corea del Sur,
por el que los herederos de la empresa Samsung
tienen que abonar más de la mitad de su legado (casi 9.000 millones de euros),
marcan también el camino a seguir, sin complejos. Éxitos en el 43º Congreso, y a
la espera de las Resoluciones congresuales.
* Artículo tomado de la revista Temas con autorización del autor.
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