VISIÓN DE ESTADO Y ALTURA DE MIRAS
Antón Saracíbar*.
Desde una visión de Estado, esta pugna resulta muy difícil de
entender, sobre todo en un escenario político más pacífico y favorable al
Gobierno y a la izquierda en general. Debemos recordar que las pasadas
elecciones catalanas reforzaron a la coalición de gobierno (PSOE y UP) y
golpearon duramente al PP y a Ciudadanos, muy divididos y sumidos en una muy profunda
crisis de identidad política agudizada por el reciente escándalo de las
mociones de censura y el adelanto electoral (absurdo e interesado) decretado
por la Sra. Ayuso; incluso, el independentismo sigue fuertemente enfrentado y
sin un rumbo claro y definido para formar gobierno en Cataluña. Además, el PSC
y los Comunes están llamados a ocupar, en el peor de los casos, un lugar
relevante en el Parlamento catalán para ejercer una fuerte oposición anclados
en los poderes del Estado. Esta decisión es compatible con que Salvador Illa
presente su candidatura para presidir la Generalitat al haber ganado las
elecciones, lo que explica que haya sido aplaudida por muchos ciudadanos -tanto
dentro como fuera de Cataluña-, a pesar de que los partidos independentistas,
aun perdiendo muchos votos, hayan obtenido la mayoría absoluta de escaños en el
parlamento catalán.
En todo caso, en el laberinto político catalán se barajan
tres opciones. La primera opción es un gobierno de marcado carácter
independentista que redoble su apuesta unilateral por la proclamación de la
Republica catalana y reafirme la confrontación con el Estado (el nombramiento
de Laura Borrás para presidir el Parlament sería el primer paso). La segunda
consistiría en un gobierno de izquierdas (muy improbable) en base al PSC y a los
Comunes, que cuente con el apoyo condicional dentro o fuera de ERC y desarrolle
un programa que ofrezca diálogo y respeto a la Constitución en la perspectiva
de configurar un Estado federal; reformar el Estatuto de autonomía; asumir un
serio compromiso sobre fiscalidad; y aumentar el gasto social, la inversión
productiva y en infraestructuras. La tercera opción sería repetir las
elecciones, que es precisamente lo que nadie desea en estos momentos.
Lo más grave de las controversias dentro del Gobierno es que han
alcanzado incluso a la jefatura del Estado (monarquía), al problema catalán
(inmunidad de Puigdemont), a la delincuencia y al vandalismo urbano a propósito
del caso Hasél y al amplio capítulo de los derechos y libertades. Al margen de
la incomprensible polémica relacionada con la prohibición de las
manifestaciones del 8 de marzo en Madrid (“criminalizar el movimiento
feminista”, según la ministra de Igualdad).
Sin embargo, a pesar de la gravedad de estos hechos, lo que de
verdad preocupa a los ciudadanos tiene relación con la Pandemia y con el intolerable índice de desempleo (sobre todo
juvenil), la escandalosa precariedad de nuestro mercado de trabajo, la
inversión y el cambio de nuestro modelo productivo, la calidad de los servicios públicos, el gasto social,
los ingresos fiscales, así como la gestión de las ayudas de la UE, sobre todo
las que tienen que ver con la digitalización y el cambio climático.
En relación con estas preocupaciones tampoco debemos olvidar
que sigue abierto el debate sobre el SMI; las pensiones y la sostenibilidad de
la Seguridad Social; la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV); y, últimamente,
el precio de las viviendas de alquiler. La resistencia del Gobierno a aplicar
algunos puntos del Acuerdo entre el PSOE y UP y a secundar las reivindicaciones
de los sindicatos y de un gran número de militantes socialistas tiene relación
con el desplome del crecimiento de nuestra economía y el agravamiento de los
problemas sociales derivados de la Pandemia.
Efectivamente, el Gobierno se muestra muy remiso a hacer
concesiones en estos asuntos mientras no se recupere el crecimiento de la
economía y, en coherencia con ello, apuesta decididamente por seguir ayudando a
las empresas a que salgan de la crisis (Fondo de 11.000 millones de euros). Esta
política resulta compatible con los apoyos que ya vienen recibiendo los
empresarios y, lo que es más importante, con la decisión de mantener una
legislación laboral muy favorable a sus intereses y de acometer las reformas
estructurales que demande la UE. No es extraño que estas decisiones exijan explicaciones
convincentes y, en todo caso, justifican la pertinencia de un debate a fondo en
el actual Gobierno y de éste con los interlocutores sociales con la intención
de tomar las medidas más eficaces para que nadie se quede atrás: empresas
(viables), autónomos y familias en grave riesgo de exclusión social.
En cualquier caso, esperemos que la sangre no llegue al río y
que termine por imponerse el sentido común y la cordura, sobre todo cuando está
en juego la gestión de las cuantiosas ayudas que España recibirá en los
próximos meses. Razones poderosas para evitar que esto pueda acabar mal, lo que
exige que el PSOE y UP reflexionen a fondo para buscar fórmulas eficaces que
salven las previsibles diferencias que no van a desaparecer de la noche a la
mañana. Si bien es comprensible que UP exija que se cumpla el Acuerdo
programático y aspire a que se visualicen sus diferencias con el PSOE, esto no
puede acabar en confrontación y, finalmente, en crisis y ruptura. Debemos
recordar que en el seno de UP se dio un fuerte debate sobre su participación en
el Gobierno y, por lo tanto, desde entonces es muy consciente de su situación y
de su débil relación de fuerzas. Lo mismo ocurrió dentro del PSOE donde se
alzaron voces autorizadas en contra de la participación de UP en el actual
Gobierno. Finalmente se impuso el sentido común y todos hicieron de la
“necesidad virtud” tras la ausencia de alternativas mejores, como no fueran las
encaminadas a formar un gobierno de concentración con el PP y Ciudadanos que,
por otra parte, también concitaba fuertes rechazos.
En todo caso, hay diferencias razonables que se entienden por
sí solas y otras de más difícil comprensión que saltan fácilmente a los medios
de comunicación. Por ejemplo, no es razonable exigir acuerdos sobre los Principios que justifican la existencia
de partidos políticos. En cambio, en otros asuntos programáticos acordados -que pueden dividir en un momento dado a los
actuales socios del Gobierno- las controversias tienen su lógica, sobre todo
cuando algunas exigencias de UP, como se
dan en algún caso, son compartidas por los sindicatos e, incluso, por muchos
militantes del PSOE: políticas activas de empleo, mercado de trabajo (reformas
laborales), protección social (pensiones, dependencia, IMV…), SMI, precio del alquiler
de la vivienda, inversión en la mejora de la calidad de los servicios públicos,
aumento de los ingresos fiscales…
Una última consideración tiene relación con las formas de
visualización de la acción política: la difusión de los agravios y diferencias
no las pueden transmitir los propios ministros (tanto del PSOE como de UP) a
los medios de comunicación. Las desavenencias se deben dilucidar dentro del Gobierno
y, por lo tanto, no caben fuera de él manifestaciones contrarias a las
decisiones que legítimamente pueda tomar un gobierno en base a una determinada relación
de fuerzas. Para justificar y explicar las controversias están las
organizaciones políticas y sus representantes, lo que exige un mayor protagonismo
de los partidos y diferenciar de manera muy clara las tareas de gobierno de las
tareas partidarias, en coherencia con lo que asigna nuestra Constitución a los
partidos políticos.
En definitiva, en estos momentos de especial incertidumbre
política, la izquierda necesita partidos fuertes, unidos en lo fundamental, con
altura de miras y capacidad de gestionar eficazmente la salida de la crisis y
que se enfrenten, en concreto, al desafío que representa el populismo más ultra
y montaraz. Partidos que defiendan y expliquen a todos los niveles sus propuestas
y alternativas y potencien a fondo la democracia, la transparencia, la
participación y la ética política: no existen argumentos serios para decir hoy
una cosa y mañana todo lo contrario, ni tampoco para defraudar los compromisos
asumidos en todo un programa electoral.
Debemos reafirmar que las medidas contempladas en el Acuerdo
programático (PSOE y UP) son las más apropiadas en la actual situación para
responder a la fuerte crisis económica y a la fuerte ofensiva neoliberal que se
está produciendo en un mundo globalizado. Son, además, las más eficaces para
defender los intereses de los más desfavorecidos y de muchas familias que están
sufriendo fuertemente las consecuencias de la crisis: la pobreza y la exclusión
social. Precisamente a las que se debe dirigir una política de izquierdas ilusionante que, en cualquier
caso, debe ser claramente diferente de las rancias recetas ya fracasadas que
nos ha ofrecido y nos sigue ofreciendo en la actualidad la ideología neoliberal,
como ya se está poniendo de manifiesto en la precampaña electoral de la
Comunidad Autónoma de Madrid.
*: Artículo publicado en la revista Temas, con autorización
del autor.
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