UNA VIVIENDA DIGNA Y ASEQUIBLE PARA TODOS

 

              

Hormigas Rojas                                                   

En los momentos históricos que estamos viviendo el Estado es el último refugio de las personas más pobres y vulnerables. La Pandemia ha confirmado que el “mercado” es inerte ante las catástrofes sociales. Abandonado a su lógica, ni restaura ni distribuye equitativamente el coste del sufrimiento que generan las crisis. Desde luego, no es de ninguna manera justo y mucho menos eficiente en términos económicos y sociales.  En un Sistema, mínimamente democrático, el Estado de excepción a que nos conduce una catástrofe permite el recurso a acciones que, en tiempos normales, se considerarían “ajenas al Sistema”. Por eso, no debemos olvidar que, en estos momentos, los valores progresistas que están en juego se encuentran están muy condicionados por la lógica  del Sistema capitalista que es el que gobierna en un mundo globalizado.

En este marco político y social, la vivienda en España ocupa un lugar relevante en las preocupaciones de los ciudadanos. En la última “Encuesta de condiciones de vida”, publicada por CCOO, se contemplan una serie de datos que nos deben servir de referencia para valorar la envergadura del problema que nos preocupa y ocupa:

-        La población en alquiler en España asciende a 7.346.000 personas, la mitad de ellas concentradas en Madrid y Barcelona.

-        Tres millones de hogares, el 41% de los alquilados, dedican más del 30% de sus ingresos al pago de alquiler. De ellos, dos millones se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión.

-        El 62%de los inquilinos pertenece a hogares que ingresaron menos de 26.000 euros al año.

-        De los propietarios de vivienda, el 51% tiene ingresos superiores a los 40.000 euros al año. Esta población con mayores ingresos concentra además los beneficios fiscales existentes en materia de alquileres.

Resumiendo, el problema del alquiler de la vivienda afecta esencialmente a los más pobres y, en este sentido, es razonable pensar que los efectos de la Pandemia agravarán considerablemente su precaria situación actual. Efectivamente, al margen del gravísimo problema de salud pública, la COVID-19 ha puesto al descubierto los considerables destrozos causados en la economía y en la protección social, así como la imperiosa necesidad de recuperar el protagonismo que, históricamente, ha tenido la lucha contra la desigualdad, la pobreza y la exclusión social. Además, ha confirmado la gran relevancia que tienen los servicios públicos en general, la cohesión social de la ciudadanía y, desde luego, la importancia de las políticas redistributivas en el discurso socialdemócrata.

Como se sabe, en la lucha contra las desigualdades ocupan un lugar prioritario las políticas fiscales, la protección social, los servicios públicos y el papel central que desempeña el mercado de trabajo. En relación con este último punto destacan los efectos negativos causados por el desempleo, la insoportable precariedad, la duración de la jornada (parcialidad) y, finalmente, el desplome de los salarios, sobre todo de los trabajadores menos cualificados.

En los últimos años, la fuerte devaluación salarial que se ha producido en nuestro mercado de trabajo ha incidido muy negativamente en la posibilidad de mantener, comprar o alquilar una vivienda en las actuales circunstancias. Particularmente, esta lamentable realidad está afectando sobre todo a los jóvenes y a su futuro proyecto y, en general, a las familias más vulnerables que se ven obligadas a engrosar las colas del hambre y al borde de un potencial desahucio por no poder pagar el alquiler de su vivienda.

Esta lamentable situación se produce en un país de la UE regulado por una Constitución que reconoce el derecho de los españoles a una vivienda digna y asequible.  A pesar del reconocimiento de este principio fundamental, el mercado y la iniciativa privada (la Ley de la oferta y la demanda) no están garantizando en estos momentos una vivienda digna a todas las familias. En la práctica, se puede afirmar, sin faltar a la verdad,  que este principio sólo será posible respetarlo si interviene el Estado y las diversas administraciones públicas competentes en esta materia.

En todo caso, la oferta de vivienda pública en la actualidad (en propiedad y alquiler) es claramente insuficiente y se encuentra muy por debajo de la que ofrece la iniciativa privada. En España, desde la etapa franquista y los primeros años de la transición política se ha venido apostando -al margen de la experiencia europea-  por la compra de la vivienda a  través de un crédito hipotecario (de una duración entre 15 y 30 años). La propaganda gubernamental -apoyada por  bancos, grandes empresas constructoras e inmobiliarias-  y la cultura introducida en las clases populares era muy elocuente: con el ladrillo se puede ganar mucho dinero, se hace patrimonio, se ahorra e, incluso, se puede especular. Además, se argumentaba que la vivienda era el mejor ahorro para la vejez… Históricamente, la derecha ha fomentado el mito de la sociedad de pequeños propietarios como freno a los vientos socialistas que sacudían la clase obrera europea.

Esta cultura condenaba fuertemente  la política basada en el alquiler de la vivienda: se consideraba que el alquiler era tirar el dinero; en definitiva, se trataba de una inversión fallida y sin ninguna rentabilidad.  Incluso, se afirmaba lamentablemente que el ladrillo nunca perdería dinero, lo que se ha demostrado falso como se está poniendo de manifiesto en estos momentos. Tenga o no sentido, esta cultura atávica está fuertemente enraizada en la cultura española y, se pueden afirmar, que más del 90% del ahorro de las clases populares esta invertido en vivienda. Lo que explica que el  capital financiero que poseen es muy insignificante.

En un modelo económico basado en la movilidad del capital, esta fijación del factor trabajo a la tierra supone un problema estructural de primera magnitud. No es extraño que, en las actuales circunstancias, el problema de la vivienda alcance un fuerte protagonismo en el tablero político y divida, incluso, a los socios del Gobierno, además de poner en guardia al poder económico y financiero y a las grandes empresas promotoras de vivienda empecinadas en que todo siga igual. El debate se centra en las alternativas más idóneas para garantizar el principio de nuestra Constitución: los españoles tienen derecho a una vivienda digna y al alcance de sus posibilidades económicas. En este sentido, y en el supuesto de no poder pagar el alquiler, los poderes públicos deben evitar que jóvenes y familias enteras carezcan de techo y de abrigo y para ello, si es necesario, deberán remover con audacia los obstáculos que se opongan a la resolución de este grave problema económico y social.

Por lo tanto, se trata de solventar un problema inaplazable por sus consecuencias sociales, sin olvidar la necesidad de enmarcarlo en un Plan de Vivienda que, trascendiendo esta grave coyuntura, afecte a los defectos estructurales vigentes en nuestro país.

Existen alternativas, aunque éstas sean difíciles y complejas, todo depende de si existe una verdadera voluntad política para abordar este problema. Presentamos, a continuación,  10  grandes capítulos, la mayoría de naturaleza coyuntural, para su posterior desarrollo:

a)     Aumentar considerablemente el parque de vivienda pública y, particularmente, promocionar el alquiler social.

b)     Abaratar el precio del suelo. Para ello hay que eliminar la posibilidad de que los ayuntamientos y CCAA se financien, aprovechando la concesión de suelo público, a través de la construcción de viviendas.

c)     Penalizar la tenencia de casas vacías de bancos, grandes inmobiliarias, fondos de inversión especulativa (Fondos Buitres) y grandes propiedades.

d)     Industrializar y tecnificar la construcción de viviendas (ensamblar en serie componentes previamente fabricados).

e)     Impulsar el cooperativismo en el sector de la construcción, en base a las experiencias de la II República (cooperativas de “Casas baratas”) y de la transición política: Pablo Iglesias, Rosa Luxemburgo, PSV…

f)      Frenar los desahucios de las personas sin alternativas habitacionales, sin que ello penalice a los pequeños propietarios de viviendas.

g)     Regular el precio de los alquileres con carácter selectivo y temporal.

h)     Garantizar una segunda oportunidad a los hogares con deudas hipotecarias.

i)       Subvencionar el alquiler de las personas más vulnerables.

j)       Bonificar fiscalmente a los propietarios de pisos de alquiler tasados a precios asequibles.

Evidentemente hay que enmarcar estas medidas en una realidad social muy condicionada por las leyes del mercado capitalista. Ello exigirá estudiar en profundidad el grado de desinversión económica que se pueda producir por la inseguridad jurídica que pueda comportar alguna de las medidas anunciadas.

En todo caso, la gravedad del problema enumerado exige, de una vez por todas, que el PSOE y UP se pongan de acuerdo en la selección de las alternativas progresistas más idóneas en esta coyuntura que, finalmente, deberían ser contempladas en la futura Ley de la Vivienda. No debemos olvidar nunca que la vivienda es un bien de imperiosa necesidad y mucho menos que tiene una relación directa con el llamado “salario social” y el Estado de bienestar social.