A. Mora Plaza.
Una
noticia que ha pasado desapercibida como una más de las noticias económicas es
que ya se puede evaluar el coste del rescate del sistema financiero a manos de
nuestros impuestos presentes y/o futuros. La cuestión es que la UE, a través de
Eurostat, ha determinado el coste de la participación del Estado a través del
FROB en el rescate bancario –la SAREB, es decir, el llamado “banco malo”–. Este
coste lo estima la UE en 35.000 millones de euros. A ello hay que añadir el
coste ya estipulado por el Banco de España –aunque el Tribunal de Cuentas daba
cifras ligeramente distintas– de 42.561 millones. En conjunto y redondeando
supondría el rescate solo por estos conceptos de más de 77.000 millones de
euros. Pero no para ahí la cosa, porque estamos a la espera de que el ICO fije
el coste de los avales otorgados a las empresas que tenga que hacer frente el
instituto por fallidos. En un principio se creó una línea de 100.000 millones y
veremos la evaluación de todo ello y que dependerá indirectamente de la marcha
de la pandemia.
¿Y
quién y cómo se paga todo esto? Pues con nuestros impuestos en el tiempo
presente o con impuestos de próximas generaciones si parte se hace con emisión
de deuda pública, cosa que exige precisamente Bruselas para que quede
constancia de que estos 35.000 millones de euros son deuda y no las mentiras
que nos lanzaron Rajoy y Rato en su momento. Al final, cualquier obligación de
pago cuyo deudor es el Estado –el conjunto de las distintas Administraciones– se
convierte en deuda pública, salvo las ayudas a fondo perdido excepcionales como
son los 72.000 millones de la Next
Generation de la UE.
Por
ello debería ser noticia y una exigencia –incluso de los neoliberales de plumilla
digital– que se estableciera un impuesto especial para que los bancos o
el conjunto del sistema financiero pagara en el impuesto de Sociedades esta
deuda en un plazo a fijar. Por ejemplo, en un plazo de 10 años, los 77.000
millones de euros al 1% de interés se convertirían en 7.735,34 millones por
año, cantidad perfectamente asumible por el sistema financiero. Es verdad que
pagarían justos por pecadores, pero con el sistema actual pagaríamos los justos
y los pecadores se irían de rositas. Incluso aunque no hubiera ni lo uno ni lo
otro, incluso aunque no queramos poner a la cuestión carga ética, es injusto,
inmoral y un robo que lo paguen solo los ciudadanos con los impuestos sobre sus
rentas. Al pagarse con el impuesto de Sociedades se pagaría solo cuando hubiera
beneficios y no afecta a la asignación de recursos puesto que este impuesto es
neutro desde esa perspectiva.
El
impacto sobre la deuda pública será de un incremento de un 3,18% (si nuestro
PIB se fija en 1.100.000 millones de euros tras la crisis) que, sumado al 117%
de deuda/PIB, nos da una deuda cercana al 120%, cifra ya más que respetable.
Por ello, lo dicho: un impuesto especial para el sistema financiero y en eso
debiera estar la izquierda y, especialmente, la izquierda no neoliberal que es
Unidas Podemos y no en otras peleas de menor fuste, aunque no despreciables.
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