CON LAS PENSIONES NO SE JUEGA

Hormigas Rojas.

A pesar de los perversos efectos de la Pandemia, de la fuerte polémica de los indultos, de los adversos resultados de los partidos de izquierda en las elecciones celebradas en Madrid y de la renuncia de Pablo Iglesias al acta de diputado en la Asamblea madrileña, el Gobierno de coalición ha recobrado con fuerza la iniciativa en el tablero político.

De acuerdo con las directrices emanadas de la Unión Europea, el actual Gobierno está trabajando en cinco grandes asuntos: el cambio climático, la digitalización, la superación del desempleo y de la precariedad de los más jóvenes, la consolidación de las libertades y, finalmente, el problema del envejecimiento. Este último asunto impacta fuertemente en el gasto en farmacia, en el propio Sistema de salud pública y, sobre todo, en el gasto social: ayudas a la dependencia, a la sostenibilidad de la Seguridad Social (SS) y, por lo tanto, a la cuantía de las pensiones.

Por eso, en relación con este último punto, el reciente Acuerdo firmado entre los interlocutores sociales y el Gobierno resulta especialmente relevante, tanto por el protagonismo y la representatividad de los firmantes como por el contenido del mencionado Acuerdo que, en todo caso, apuesta por mantener y consolidar el Sistema Público de Pensiones. En concreto, mantiene la revalorización de las pensiones sujeta al IPC del año anterior, consolida la separación de fuentes, elimina el factor de sostenibilidad del PP, llamado a golpear a los actuales y nuevos pensionistas, acepta el recurso a la fiscalidad ante un posible déficit de la SS (impuesto especial o recurso a los PGE), incentiva el retraso de la jubilación y, por el contrario, penaliza la jubilación anticipada. Esta última medida pretende acercar la edad real de jubilación (en estos momentos en unos 64,6 años) a la legal (entre 65 y 66 años en 2021).

Otros asuntos importantes quedan pendientes de ser acordados más adelante. En este sentido destacan el aumento de las cotizaciones sociales (afectadas por su posible repercusión en el empleo), el destope de las contribuciones al Sistema, el cómputo de años para fijar el cálculo de las pensiones (se baraja incluso la totalidad de la carrera laboral), abordar la fiscalidad de los fondos complementarios de pensiones (y desde luego promocionar los fondos de empleo en las empresas) y, finalmente, reflexionar sobre la solidaridad intergeneracional.

En todo caso, la sostenibilidad de la SS exige sobre todo un nuevo modelo de crecimiento económico y social, donde se potencie una inédita concepción del sector industrial (principal vector de innovación), que le permita ser el motor de la innovación en todos los sectores creadores de empleo, como la salud, el ocio, los servicios a las empresas, la producción agropecuaria, el medio ambiente, la producción y conservación de la energía, infraestructuras, la modernización de las administraciones y el transporte del futuro (incluido una nueva forma de urbanismo). Por lo tanto, es el momento de revertir los efectos más perniciosos del neoliberalismo, entre ellos la mengua de todo lo público, lo que exigirá fortalecer aún más el papel emprendedor del Estado y, en coherencia con ello, aumentar las inversiones públicas en colaboración con el sector privado. Razones poderosas para que el sector industrial piense más en el conjunto de la economía y trabaje por mejorar la producción de bienes de capital en todas las actividades que generen empleos de calidad, lo que garantizará una sociedad más eficiente, eficaz e igualitaria. No olvidemos que diversos estudios sociológicos confirman que por cada puesto de trabajo altamente cualificado se producen de media cinco puestos en la industria auxiliar.

Efectivamente, la sostenibilidad de la SS sólo será posible con un gran esfuerzo de todos, que nos garanticen los ingresos, que actualmente financian y, finalmente, financiarán las pensiones del futuro. Los beneficios de esta política son evidentes: creación de empleo y riqueza, mejora de las prestaciones sociales y, en concreto, mantenimiento de las pensiones como el factor más importante de la vertebración de la sociedad, al asegurar un futuro digno a todos los trabajadores. Recordar una vez más: con las pensiones no se juega.

Por eso, ha llamado profundamente la atención que el ministro Escrivá después de la firma del Acuerdo mencione el problema que se pueda generar al incorporarse a la jubilación la generación del Baby Boom (los nacidos entre 1958 y 1977, que representan la corte demográfica más voluminosa): “podrán elegir entre un ajuste pequeño de su pensión o trabajar algo más”. No es extraño que la CEOE y los propios sindicatos se hayan desmarcado de estas declaraciones, que no tiene ninguna justificación, resultan impropias y sumamente inoportunas, además de carecer de un mínimo rigor político.  Sobre todo, cuando todos sabemos que el problema de la SS no es el gasto social (por debajo de la UE) sino los ingresos del Sistema.

Lógicamente, en el actual contexto político, la derecha y, sobre todo el PP, han aprovechado estas manifestaciones para arremeter contra el Acuerdo, a pesar de haberlo firmado la CEOE. Un nuevo despropósito que confirma la deriva política del PP -en su afán por derribar al Gobierno a costa de todo- alejado de los problemas reales que preocupan a los ciudadanos. Con el agravante de que el PP mantiene su rechazo a cualquier acuerdo con el Gobierno y sigue bloqueando la renovación de los órganos institucionales donde tiene mayoría: Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal de Cuentas o el Tribunal Constitucional.

En cualquier caso, el Gobierno debería despejar los asuntos pendientes en fase de negociación: la ley de vivienda, el incremento del SMI y la derogación de las reformas laborales. Los dos últimos asuntos están relacionados con el incremento de los salarios más bajos y fuera de convenio, con la superación de la escandalosa precariedad de nuestro mercado de trabajo y con el fortalecimiento de la negociación colectiva y, en especial, de los convenios de sector. Al margen de trabajar a fondo en el reparto y gestión de los fondos europeos: transición ecológica, digitalización, cambio de nuestro modelo productivo y de abordar los graves problemas derivados de la despoblación en nuestro país.        

A ello hay que añadir el combate contra la Pandemia (vacunación y fortalecimiento de la asistencia primaria) y la presentación de los próximos PGE, que nos garantice acabar la legislatura y frenar definitivamente las aspiraciones de las derechas de un adelanto electoral forzado en estos momentos. Por eso, si Pedro Sánchez decide remodelar el Gobierno es el momento de hacerlo para comenzar el nuevo curso político en las mejores condiciones posibles y responder así a las crecientes demandas de los ciudadanos.

En este sentido, tanto el PSOE como Unidas Podemos deben hacer pedagogía y divulgar estas medidas de profundo corte social a todos los niveles. A esta tarea deben contribuir los sindicatos y las fuerzas progresistas en su afán por superar los efectos de la crisis, redistribuir mejor la riqueza y, por lo tanto, superar las profundas desigualdades sociales.

(Pedro Espino. Gabriel Moreno. Nina Ramírez. Antonio Sánchez. Antón Saracibar. Juan Sotres. Ramón Utrera. Javier Velasco).