OTOÑO COMPLEJO
Hormigas RojasLos PGE-2021 ocupan, sin lugar a dudas, un destacado protagonismo en las actuales circunstancias: fuerte recesión económica, déficit y deuda pública, alto índice de desempleo (sobre todo de los jóvenes), fuerte precariedad en el empleo, déficit de las políticas sociales (pensiones, dependencia y desempleo), escasa financiación de los servicios públicos (sanidad, educación y servicios sociales), crecientes desigualdades sociales (aumento de la pobreza)…
El proceso de fusión de Caixa Bank con Bankia es un nuevo punto social y económico importante en el futuro inmediato. Los argumentos de un cualificado sector de la izquierda (opuesto a la absorción de Bankia) deberían ser dignos de consideración y estudio. En primer lugar defienden el establecimiento de una banca pública en nuestro país (en base a Bankia y el ICO)- de acuerdo con las experiencias de los países más avanzados de la UE- y, en coherencia con ello, estiman que esta decisión hace prácticamente inviable la constitución a corto y medio plazo de un banco público. En segundo lugar, recuerdan la imperiosa necesidad de recuperar el dinero invertido por el Estado en Bankia (24.000 millones de euros). En tercer lugar, muestran su desaliento y preocupación por la fuerte concentración bancaria que se producirá en nuestro país (Abanca, Ibercaja, Liberbank, Sabadell y Unicaja pueden seguir ese camino), lo que conducirá a que tres grandes bancos concentren en torno al 80% del sector financiero (Santander, BBVA y Caixabank- Bankia) y, como consecuencia, hará más difícil la influencia del Estado en el conjunto de la economía. En cuarto lugar, los sindicatos hacen hincapié, lógicamente, en la fortísima destrucción de empleos (alrededor de 8.000 empleos) y en el recurrente cierre de oficinas bancarias (cuando menos 1.500), con la repercusión negativa que ello tiene en la España del interior, en la España mesetaria y profunda y, más en concreto, en el colectivo de personas mayores.
Los defensores de la Banca Pública se han encontrado ante un hecho consumado y, por lo tanto, forzados “al pataleo y la protesta”. Desgraciadamente, no existe la suficiente voluntad política en el Gobierno para defender una banca pública y tampoco la capacidad de maniobra de los opositores para cambiar las cosas y ofrecer alternativas viables en este difícil contexto político. Sin duda, esto se agrava considerablemente por la negativa relación de fuerzas derivada de los efectos perversos de la COVID-19 y, particularmente, por la delicada situación que atraviesa el sector financiero: tipos de interés negativos, previsible aumento de la morosidad, riesgo de que el sector entre en pérdidas…
Pedro Sánchez debería tomar buena nota del malestar y enfado de una parte de su militancia y de los electores que le apoyaron en momentos sumamente comprometidos. En coherencia con ello, debería explicar con claridad las razones y argumentos que sustentan esta decisión (todavía no se conocen), además de informar sobre lo que el Gobierno pretende hacer en el nuevo banco (producto de la absorción) en los próximos años.
En relación a las políticas laborales y sociales preocupan la prórroga de los ERTES, las dificultades para aplicar el IMV, la sostenibilidad de la Seguridad Social, el futuro del diálogo social y el deterioro de la educación y la sanidad. En este sentido, la derogación de la reforma laboral, el activar el Pacto de Toledo (entre otras medidas, para mantener el poder adquisitivo de las pensiones), el incremento de las retribuciones de los empleados públicos, así como aumentar la financiación de los servicios públicos, serán asuntos prioritarios en vísperas de la negociación colectiva del próximo año.
Particularmente preocupa la grave situación de la asistencia sanitaria en Madrid, víctima de los recortes del PP y de la nefasta gestión del Gobierno de Díaz Ayuso (empecinada en bajar impuestos y en su persistente campaña de desprestigio de Pedro Sánchez), con el agravante de que la oposición política no ha ejercido con contundencia y eficacia su misión ante semejante desbarajuste. Por eso, es urgente buscar alternativas políticas en la Comunidad de Madrid encaminadas a superar la caótica situación sanitaria, política, económica y social, lo que, en buena medida, pasa por la decisión que pueda tomar Ciudadanos, ante la hipotética presentación de una moción de censura, la convocatoria de unas elecciones anticipadas e, incluso, sino hay otro remedio, la intervención del Gobierno presidido por Pedro Sánchez.
Por estas razones, la compleja y convulsa situación política enumerada necesita un potente liderazgo. En primer lugar, el Gobierno de la Nación (PSOE-UP) debe asumir el protagonismo que le corresponde con todas las consecuencias. En segundo lugar lo deben hacer también los interlocutores sociales, en tercer lugar, las fuerzas progresistas de carácter sectorial (Mareas) y, finalmente, la ciudadanía en general en torno a las movilizaciones sociales y a la comunicación virtual. Efectivamente, a pesar de que el esfuerzo debe ser compartido y solidario, el Gobierno es el máximo responsable de marcar las pautas a seguir en este nuevo curso político. No debemos olvidar que el combate a la COVID-19, la distribución, coordinación y gestión de las ayudas de la UE y, desde luego, el generar ilusión para una salida progresista de la crisis es responsabilidad directa y exclusiva del Gobierno. Por eso, no debe extrañar que, desde diversos ámbitos políticos y económicos, se reclame al Gobierno un Plan Estratégico que fije, cuando menos, sus prioridades políticas en esta legislatura y sirva de referencia para el trabajo a desarrollar a corto y medio plazo.
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