EL SISTEMA ATUAL DE FIJACIÓN DE PRECIOS DE LA ENERGÍA: UN CASO DE INEFICIENCIA

 

Antonio Mora Plaza 

El precio de la luz ha sido noticia estos días por los picos en los precios, llegando a estar a 132,65 euros el megavatio-hora. Además se prevé que pueda alcanzar los 153 euros en esta semana. La cuestión es cómo se ha alcanzado una situación en la que los Gobiernos –el caso es similar en Europa- parecen atados a esta situación. En España la ley que consagra el sistema de fijación de precios actual data de 1997 por obra y gracia del PP y otros partidos de derechas. Básicamente el precio se fija mediante un sistema de subastas donde las empresas oferentes de energía –creadoras como comercializadoras- lanzan sus ofertas según precios de forma marginal, es decir, entrando los diferentes sistemas de producción energética desde los costes más bajos –fotovoltaica y ¿nuclear?- hasta las más caras, como son las derivadas del gas y del carbón. Y aquí viene el problema porque, en el mercado mayorista dominado por 3 grandes empresas desde el lado de la oferta, el precio final se fija ¡por el precio más caro de la subasta de todos los oferentes! Esta es la primera consecuencia; la segunda es que resulta perverso entonces las subvenciones para luchar contra las energías de efecto invernadero mediante impuestos porque, ante la necesidad de comprar por estas últimas los derechos de emisión y resultar el precio más alto, encarecen todo el sistema. 

La tercera consecuencia nefasta para los consumidores es que se produce una renta indeseada para el resto de los sistemas de producción, renta no ganada, al igual que las rentas de los propietarios para las tierras más productivas que analizó David Ricardo (1772-1823) en sus Principios de economía política y tributación (1817). Estas rentas se derivan de que el precio final fijado es igual para todos los sistemas de producción energética, independientemente de sus distintos costes, sean costes medios o marginales. Los economistas saben bien de estos efectos indeseados que, además, van contra los principios de economía de mercado cuando este es competitivo. 

¿Cuál es la solución? El problema tiene muchas aristas tanto a corto como a largo plazo, pero el análisis económico ha desarrollado un poderoso instrumento teórico –que puede llevarse a la práctica desde un órgano centralizado- que consiste en imitar el modelo de fijación de precios que inventó León Walras (1834-1910) hace ya siglo y medio en sus Elementos de economía política pura (1874). Este es el tâtonnement o método de tanteo. Consiste básicamente en reunir las ofertas –en este caso a los oferentes del mercado mayorista- con las demandas y lanzar un precio teórico determinado. En ese momento el órgano centralizado recibe las cantidades ofrecidas y demandas a ese precio y examina la cuestión: si la oferta es mayor que la demanda lanza un nuevo precio más bajo y si la demanda es más alta que la oferta, lo eleva. Se recibe por este órgano las nuevas ofertas –la demanda se supone que no varía apenas en los minutos de esta operación- y vuelve a hacer lo mismo, acercando el precio hipotético del órgano centralizado hasta que las cantidades ofrecidas (oferta) iguala a las cantidades demandadas (demanda). El truco es que ¡no se produce compra-venta en los precios intermedios sino solo en el precio final!, es decir, en el precio donde se igual oferta con demanda. 

Con este sistema se está imitando a un mercado competitivo ideal aunque los oferentes de energía sean –como es el caso en todos los países del mundo- un oligopolio. La primera consecuencia deseada es que las ofertas de energía recibidas finales se igualan por sus costes marginales, lo cual da una asignación de la producción entre los diferentes sistemas eficiente. La consecuencia indeseada es que las ofertas recibidas desde los sistemas menos eficientes –derivadas del gas y carbón- con el tiempo no van a ser tenidas en cuenta y, salvo actuaciones deliberadas por o para las empresas oferentes que producen con todos los métodos, no van a cubrir los costes tarde o temprano y estarán llamadas a desaparecer. O al menos desaparecerán estos métodos aunque no las empresas que los sustentan. 

Pero existe un sistema que no afectaría a esta asignación de métodos de eficiencia mediante criterios de costes marginales y es el de un impuesto especial sobre las ganancias de todas las empresas energéticas para subvencionar los métodos menos eficientes si lo que se pretende es preservar estas industrias, compras del exterior o compras de derechos de contaminación y no reducir cada vez más a los métodos más eficientes a corto plazo. La razón de ello es que, mientras las mayores empresas oferentes de energía sean privadas, pueden actuar de forma deliberada –que debiera se delito gravísimo- para encarecer la oferta de, por ejemplo, la energía derivada de presas y pantanos, es decir, la hidráulica. Cosa que parece que ha ocurrido de forma deliberada abriendo compuertas o cerrándolas de forma deliberada en función de la coyuntura de precios.

Por eso es más que dudoso que toda la oferta de energía esté en manos privadas. Hasta en el franquismo teníamos empresas públicas y la tuvimos con ENDESA hace unos años hasta que el PP la privatizó y tuvo un recorrido rocambolesco entre Alemania e Italia para acabar ¡en una empresa pública italiana! Como mínimo se debiera recuperar esta empresa para lo público, pero la cuestión fundamental en estos momentos es cambiar el método de subastas de la manera dicha y que no sean los métodos más ineficientes de producción eléctrica los que fijen los precios para todas ellas. Y la segunda cuestión es que esas rentas derivadas del sistema actual y regaladas vayan a lo público, tal como denunció D. Ricardo con las rentas de las tierras intensivas. La razón de ello es que de nada serviría tener una empresa pública si no se cambia el sistema actual de fijación de precios. Y tampoco serviría pasar a un sistema de monopolio público por las mismas razones.