UN DESAFÍO MAYÚSCULO: GESTIONAR LAS AYUDAS DE LA UE

Las Hormigas Rojas

 

El reciente Acuerdo en la UE sobre la cuantía, el reparto y las condiciones para acceder a las ayudas encaminadas a frenar los efectos perniciosos de la COVID-19 en la salud, la economía y la protección social ha sido muy duro y particularmente difícil de alcanzar. En todo caso, la valoración política y mediática ha sido muy positiva en términos cuantitativos (España recibirá aproximadamente el 11% del PIB: 140.000 millones de euros) y cualitativos (por primera vez la UE se endeudará para ayudar a los países más afectados por la Pandemia, lo que puede facilitar la Unión  Fiscal y el avance hacia una Europa Federal). También  será muy compleja la gestión de esa notable cantidad de dinero en nuestro país, lo que exigirá un mínimo consenso entre los partidos políticos, los gobiernos autonómicos y los interlocutores sociales. Por eso, en estas circunstancias,  resulta muy relevante el último Acuerdo Social entre los interlocutores sociales y, sobre todo, lo serán las conclusiones a que han llegado los partidos políticos en el Parlamento, a pesar de la actitud lamentable y crispada del PP. Un partido al margen de la realidad social, insensible a la demanda de la gran mayoría de los ciudadanos e incapaz de ofrecer alternativas constructivas en la actual situación.

Por eso, resulta incomprensible, en este contexto de incertidumbre política, que persistan los intentos de desestabilización, al amparo de la crisis abierta por la Pandemia y de la presencia de UP en el Gobierno (los llamados “comunistas” por las fuerzas ultra reaccionarias), sobre todo cuando no hay alternativas, como no sea un gobierno de concentración (gobierno de gran coalición entre el PSOE y PP como defienden algunos). Por eso, resulta absurda e inútil la moción de censura de VOX, anunciada para el mes de septiembre, que sólo se puede entender por la pugna que mantiene dicho partido con el PP por alcanzar la primacía dentro de la derechas, descartado Ciudadanos. Por el contario, es muy relevante y esperanzador el avance de la izquierda (muy dividida) en las recientes elecciones municipales de Francia y, sobre todo, de los Verdes, lo que reafirma la apuesta del electorado francés por superar los destrozos causados por la COVID-19 y, como consecuencia, por  una salida progresista de la crisis basada en un crecimiento económico sostenible, el empleo, las políticas sociales, la digitalización y el cambio climático.

Los retos más importantes que tenemos en nuestro país son conocidos: desempleo, precariedad de nuestro mercado de trabajo, garantizar la actual protección social, fortalecer los servicios públicos (sobre todo garantizar la salud de las personas y una educación pública de calidad) y, desde luego, aumentar los ingresos fiscales. El primer escollo del Gobierno serán los PGE-2021 y después frenar la ofensiva de los poderes fácticos y sus reiterados intentos de mantener la reforma laboral del PP en torno a los próximos convenios colectivos (devaluación salarial, descuelgues, despido más barato, primar el convenio de empresa sobre el sectorial…), prorrogar lo más posible los ERTES, consolidar las ayudas y subvenciones a las empresas y autónomos, reducir el gasto social (sobre todo las pensiones) y bajar las cotizaciones de la Seguridad Social de los empresarios y los impuestos en general.

Los argumentos de las empresas siguen siendo los mismos: no es el momento de retirar las ayudas a las empresas en dificultades y de atenazarlas con nuevas obligaciones fiscales, lo que explica que exijan paralizar los programas electorales del PSOE y de UP y, por lo tanto, aplazar las profundas reformas que este país necesita. Lo que no dicen las empresas es cómo se pagan las cuantiosas ayudas que reciben. Su contradicción es flagrante: solicitan ayudas y niegan al Estado la posibilidad de que recaude más luchando contra el fraude fiscal y aumentando los impuestos sobre los beneficios empresariales, el patrimonio  y los ingresos más altos. Como se puede comprobar, las empresas nunca ven el momento oportuno para que los trabajadores recuperen lo perdido en etapas de crisis, incluso con beneficios en alza.

En todo caso, la salida de la crisis exige abordar prioritariamente, desde el Gobierno, el desempleo (sobre todo el juvenil) y la precariedad de nuestro mercado de trabajo, a partir del Acuerdo Social acordado recientemente por el empleo y la derogación de las últimas reformas laborales. Según la reciente EPA publicada, en el II trimestre del año se han destruido  más un millón de empleos (al margen de los ERTES) y la tasa de paro se situó en el 15,33% de la población activa, con especial incidencia en el sector servicios, los jóvenes, mujeres y trabajadores en precario. Razones poderosas para apostar y concretar a corto plazo por un Plan de Choque ambiciosos por el empleo y, a medio y largo plazo, por el cambio de nuestro modelo productivo basado en la investigación, la innovación y el diseño, así como en la digitalización, la cualificación profesional, la organización del trabajo y el incremento del valor añadido.

Un modelo productivo que combata el trabajo invisible y sumergido, la subcontratación abusiva y sin control, los falsos autónomos y la utilización fraudulenta de la relación mercantil en menoscabo de la relación laboral (plataformas digitales). En definitiva, nuestro país debe abandonar la práctica del dumping social para ser más competitivo en un marco globalizado: bajos salarios, baja protección social y un alto índice de desempleo y de precariedad. Además de apostar por la diversificación (España no puede depender sólo del turismo, la agricultura, la construcción y los servicios), la industrialización y el aumento del tamaño de nuestras pequeñas y medianas empresas (superar la actual atomización empresarial) para mejorar su competitividad.

En relación con la protección social, el Gobierno debe situarse a la cabeza de la lucha contra la pobreza (de acuerdo con el Informe del Relator de la ONU y con una realidad tangible: en los últimos meses se han multiplicado las “colas del hambre” y, según Oxfam Intermón, el número de pobres a raíz de la Pandemia se podría incrementar en más de 700.000 personas). Por eso es irrenunciable la exigencia de los sindicatos: el mantener el poder adquisitivo de las pensiones, fortalecer la cobertura de desempleo, recuperar la ayuda de las personas dependientes y consolidar el IMV.

En cuanto a los servicios públicos, la Pandemia ha demostrado las carencias de nuestros servicios públicos y del sistema sanitario en particular. Las políticas de austeridad han causado estragos en las infraestructuras sanitarias y  los profesionales de la salud han carecido de la necesaria protección contra el virus, además de soportar largas jornadas de trabajo con salarios muy bajos, lo  que causa una auténtica vergüenza comparativa. Otro asunto capital en estos momentos es poner remedio a la falta de instrumentos adecuados, sobre todo, en el sector financiero, para responder a la crisis. Por eso, se debe abrir un debate a fondo que  garantice una mayor presencia del Estado en dicho sector- a partir del ICO, de Bankia y de las experiencias positivas de la banca pública europea-, que le dote de una mayor capacidad de intervención en la canalización de créditos a empresas y familias,  entre otras medidas.

Finalmente, el Gobierno debe abordar seriamente el déficit que tiene España con la UE en cuanto a ingresos fiscales. Desde diversos ámbitos, los expertos vienen denunciando esta situación, lo que nos obliga a ser muy beligerantes en la UE y en nuestro país en materia fiscal. Los sindicatos también lo defienden, a partir de un hecho muy poco discutible: España debe equipararse a la media europea en ingresos fiscales si quiere mantener nuestro Estado de Bienestar y apostar por mejorarlo en el futuro.

En este sentido, antes de plantear la necesaria subida de impuestos a los que más tienen hay que racionalizar el gasto, perseguir el fraude y la economía sumergida y revisar a fondo las desgravaciones fiscales. Al margen de abordar en profundidad en la UE la elusión y la evasión fiscal y trabajar por alcanzar la unidad del Sistema Fiscal en este ámbito. El propósito es ambicioso e inaplazable: dotar a España de una política que garantice la suficiencia, la progresividad y la equidad fiscal.

Los retos enunciados demuestran la envergadura de los problemas pendientes de ser abordados a la vuelta del mes de agosto. Está en juego el futuro del actual Gobierno y, lo que es más importante, la salida progresista de la crisis: la salud, el empleo y la protección social de los ciudadanos. Sin lugar a dudas, nuestro país se encuentra ante un gran desafío que, además, pondrá  a prueba la capacidad de gestión de la clase política, del conjunto de las administraciones públicas y de los interlocutores sociales.

30.07.2020

(Antonio Sánchez, Ramón Utrera, Manuel Martínez, Antón Saracíbar, Gabriel Moreno, Juan Sotres).