EMPRESAS, SINDICATOS, PENSIONES y FISCALIDAD

Las Hormigas Rojas

En la situación de incertidumbre política, económica y social que estamos viviendo resulta obligado potenciar la negociación de los interlocutores sociales (desde el respeto a su propia autonomía) para facilitar el éxito de las reformas que demanda la ciudadanía organizada: laboral, Seguridad Social y fiscalidad. Tal capacidad de negociación, conviene recordarlo, lo reconoce la propia Constitución Española en su artículo 7. El objetivo es abordar las cuestiones que hemos sintetizado en el título de este artículo: actitudes empresariales inadecuadas al momento, la posición de los sindicatos en un momento trascendental, algunas cuestiones que atañen a la Seguridad Social y, en concreto, a su financiación, cotizaciones y cuantía de las pensiones y, por último, la necesaria reforma fiscal que consideramos imprescindible para que España se sitúe en la órbita europea en ingresos lo más rápidamente posible. 

A) El mundo empresarial y el social, así como la economía en general, ha sido regido desde el pasado próximo –crisis nacida en el 2008- por las políticas neoliberales y las decisiones favorables de algunos gobiernos (reformas laborales del PSOE en 2010 y, sobre todo, del  PP en 2012, contestadas con sendas huelgas generales), que los sindicatos, con estos antecedentes, tienen la obligación y la responsabilidad de recordar, para evitar que vuelvan a repetirse. Por eso resulta inaceptable que se diga  que los sindicatos deben “adaptarse  a la realidad de la empresa”, al “entorno digital” y al “futuro del trabajo” y no se diga absolutamente nada sobre la “responsabilidad” de las empresas en la actualidad. Incluso, determinados analistas y expertos socio laborales centran sus exigencias de modernización exclusivamente en los sindicatos y se olvidan por completo del comportamiento de las empresas.  

Esto tiene una relación directa con la crudeza del  capitalismo y el carácter depredador de muchas empresas de nuestro tiempo, así como con la impopularidad de muchos ejecutivos empresariales (sobre todo en los países anglosajones) que, incluso, transciende a la opinión pública. Empresas que han estafado a miles de inversores y trabajadores mediante fraudes contables que dejaron a miles de pensionistas en la ruina y a  muchos trabajadores que han tenido que buscar trabajo a la edad en que pensaban jubilarse. La lista de estas empresas en todo el mundo sería interminable. 

Ejecutivos que se fijan retribuciones obscenas y a la vez reclaman moderación salarial a los trabajadores. En vez de devaluar drásticamente los salarios deberían poner fin a estas prácticas que conducen a que, en muchos casos, la empresa pierda dinero (por lo tanto lo pierden los accionistas) mientras el consejo de administración se enriquece con retribuciones millonarias. Otros casos se refieren al procedimiento consistente en fijar las retribuciones de los directivos en función de la cotización de las acciones de la empresa en bolsa. Para conseguirlo no dudan en reducir costos laborales, deteriorar las condiciones de trabajo y recurrir a los despidos masivos con el propósito de mejorar los beneficios y, por lo tanto, los ingresos de los altos ejecutivos. 

También es práctica habitual que las empresas anuncien beneficios y, simultáneamente, el despido de trabajadores. Otros ejemplos de actualidad se establecen en torno a plataformas digitales, empresas multiservicios y compañías aéreas de bajo costo, que para algunos representan el paradigma de las empresas del siglo XXI. En algunas empresas, los empleados (falsos autónomos) tienen que pagarse su propio vehículo, sus herramientas y sus ropas de trabajo. Incluso, azafatas de algunas  empresas aéreas (low cost) limpian el avión, con salarios más bajos y una  jornada laboral más larga para competir con las empresas del sector (dumping social). 

Esta situación hace ineludible avanzar en un cierto grado de corresponsabilidad en la toma de decisiones en el mundo de las grandes empresas -y más si son transnacionales-, al menos en las decisiones estratégicas. Para ello se requiere la creación de figuras jurídicas que permitan incidir en la toma de decisiones estratégicas en el ámbito de la empresa y del propio sector al que las grandes empresas pertenecen. Nada que ver con lo que se llamó “capitalismo popular” de los años 70 del siglo pasado, con la compra de acciones por parte de los trabajadores. Una corresponsabilidad bien entendida que no anule las distintas responsabilidades de la empresa y de los trabajadores mejorará el necesario equilibrio entre las partes. 

Las medidas que el movimiento sindical reclama con reiteración en el ámbito europeo resultan urgentes: establecer las bases jurídicas que hagan posible una negociación colectiva de ámbito europeo; garantizar los derechos de información y consulta, cuando menos en las grandes y medianas empresas  que operan en la UE; y constituir el mayor número posible de  comités de empresa europeos reforzando las experiencias actualmente en marcha. Al margen de reflexionar a fondo sobre cómo mejorar la relación de fuerzas de los sindicatos: aumentar la afiliación, mejorar la relación con colectivos específicos, aumentar la capacidad de movilización, así como potenciar los servicios a los afiliados, reforzar la formación sindical y fortalecer la negociación colectiva. En definitiva, se trata de que los sindicatos sean una amenaza creíble para los gobiernos y empresarios y avancen hacia una actitud sindical más ofensiva y de combate. 

No resultará nada fácil conseguir estos objetivos. Tampoco lo será abordar la reconstrucción del país, a pesar de la gravedad de la situación económica y social  y la notable  cantidad de dinero público que recibirán las empresas. Cuatro  asuntos destacan por su complejidad y dificultad para lograr acuerdo entre sindicatos y empresarios: trabajar unidos para recabar la colaboración y el apoyo de sindicatos y empresarios en el marco de la UE, abordar la precariedad del mercado de trabajo (derogar la reforma laboral y elaborar un nuevo Estatuto de los Trabajadores), garantizar la sostenibilidad de las pensiones y su poder adquisitivo y acometer una reforma fiscal en profundidad que soporte el costo de las políticas encaminadas a salir de la crisis sanitaria, económica y social. 

Las dificultades enumeradas tienen una relación directa con los planteamientos de las grandes empresas reunidas a petición expresa de la CEOE en los últimos días, para analizar los destrozos de la Pandemia que ha desarmado dialécticamente el discurso neoliberal: “más mercado y menos Estado” y “más empresa y menos sindicato”, en un contexto favorable al incremento de las desigualdades entre ricos y pobres. A la que ha contribuido, según Tony Judt, la obsesión por la riqueza, el culto a la privatización de servicios públicos y, sobre todo, la acrítica admiración de los mercados desregulados, el desdén por el sector público y la quimera de un crecimiento sin límites. 

Entre las demandas empresariales destacan el mantener la regresiva reforma laboral de Rajoy; reducir las cotizaciones sociales, desligar las pensiones del IPC, mantener el factor de sostenibilidad; y bajar los impuestos (sociedades, patrimonio y altos ingresos). Razones y medidas que las empresas y la CEOE-CEPYME vienen reiterando desde hace muchos años, al margen de la Pandemia, sin que ello haya resuelto el problema del desempleo, la precariedad y la baja productividad de nuestras empresas. Por lo tanto, es hora de que la CEOE-CEPYME asuma la responsabilidad social que le corresponde en una economía social de mercado y aborde una renovación cultural en profundidad que obligue a las empresas a hacer compatible el beneficio y la sostenibilidad: cumplir con las leyes (fiscales y laborales), respetar los convenios colectivos y asumir un comportamiento responsable con los trabajadores, accionistas, consumidores y sociedad en general. 

B) En cuanto al mercado del trabajo, los sindicatos insisten en derogar la reforma laboral del PP y garantizar el equilibrio de fuerzas entre los interlocutores sociales. Sobre todo exigen fortalecer la negociación colectiva y facilitar su articulación a todos los niveles, así como su extensión, con el propósito de que todos los trabajadores estén cubiertos por un convenio. En este sentido, el convenio estatal de sector debe ser la referencia obligada para fijar los marcos de negociación, así como los contenidos a introducir en los ámbitos inferiores y en las empresas. Además de abordar, de una vez por todas, la brutal precariedad de nuestro mercado de trabajo, lo que exige recuperar la causalidad en la contratación, perseguir decididamente el abuso y el fraude empresarial y fortalecer la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, dotándola de los medios técnicos, económicos y humanos necesarios. En este sentido, el acuerdo para prorrogar los ERTES constituye una buena noticia y las conversaciones para regular el teletrabajo están generando expectativas a la espera de un acuerdo. 

C) En relación con la sostenibilidad de la Seguridad Social (SS) y el poder adquisitivo de las pensiones, los sindicatos plantean revalorizar las pensiones de acuerdo con el IPC, eliminar el factor de sostenibilidad, revisar las subvenciones a la contratación, racionalizar el gasto y estudiar la búsqueda de ingresos alternativos: recurrir a ingresos fiscales que garanticen la sostenibilidad de la SS. Los trabajadores y los pensionistas lo exigen- a través de repetidas movilizaciones- y los sindicatos lo reivindican con mucha insistencia para superar las actuales incertidumbres. Un elemento que la concepción neoliberal y meramente contable de la economía como un juego de suma cero es que nunca se tiene en cuenta un factor que ha permitido alargar la vida más allá de la vida laboral: es el constante aumento de la productividad del trabajo. La tecnología, el conocimiento, el mundo de la informática y la robotización parcial del trabajo permiten crear un excedente que, a su vez, permite que vivamos más gente y más tiempo en trabajos que no son los más necesarios para la vida. El excedente es la diferencia entre el conjunto de bienes y servicios que los trabajadores producen y los bienes fundamentales para la vida como son la alimentación, vivienda y vestido. Hoy día un país avanzado se caracterizada porque cada vez es menor el trabajo dedicado a estos bienes y cada vez más son los dedicados a mejorar la vida de los dependientes, el trabajo dedicado al ocio, a la ciencia, a la cultura en general. Además, desde mediados de los años 30 del siglo pasado sabemos cómo medir este excedente con instrumentos maravillosos -que apenas se desarrollan porque no interesan ideológicamente- como son las tablas Input-Output de Leontief o los desarrollos posibles de la obra del italiano Piero Sraffa a partir de su fundamental pero arrinconado libro Producción de mercancías por medio de mercancías. 

D) Finalmente, la política fiscal es el nudo gordiano de cualquiera acuerdo relevante. El objetivo es situar los ingresos fiscales en la media europea. Lo primero será mejorar sustancialmente la conciencia fiscal de los ciudadanos y situar la lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida a la cabeza de las prioridades políticas. En coherencia con ello, la reforma fiscal debe comenzar este mismo año. Se estima en cerca del 25% el alcance de la economía sumergida que, en base al PIB del 2019 (1.202.193 millones), supondrían 300.500 millones. Además, si la participación de los ingresos fiscales del conjunto de las Administraciones es del 35,4% del PIB, ello supondría que se deja de recaudar –sólo por este motivo– la impresionante cifra de 106.000 millones. A esta cifra hay que añadir el fraude y la elusión fiscal de la economía no sumergida. Se estima que hay en paraísos fiscales 144.000 millones en cuentas y patrimonios que no declaran a Hacienda o lo hacen fraudulentamente. Como datos oficiales en el año 2018 Hacienda ingresó 15.089 millones de euros –15.700 millones en el año 2019– en esta tarea y  gastó en funcionamiento 1.419 millones. Por lo tanto, recaudó 10,6 euros por 1 euro invertido en combatir esta terrible lacra.  

Al margen de que las diversas Administraciones dejaron de ingresar 51.529 millones (Ministerio de Hacienda, 2016) como consecuencia de las múltiples deducciones, exenciones, desgravaciones y bonificaciones que recorren los diversos impuestos (principalmente Sociedades, Patrimonio, Rentas y Sucesiones y Donaciones). Y no parece que los supuestos fines estimulantes y la justicia tributaria hayan tenido valor o hayan estado eficaces. La reducción drástica de estos estímulos fallidos es obligada. Un ejemplo de todo ello son los menores ingresos derivados del rescate de los fondos de pensiones al ser consideradas rentas irregulares en el IRPF. La rebaja del 40% parece excesiva. 

Por otra parte, las bonificaciones y exenciones de los impuestos cedidos a las Comunidades Autónomas- Patrimonio, Transmisiones y Actos jurídicos documentados y Sucesiones y Donaciones-, indican que el diseño de estos impuestos ha sido un error monumental. Se estima que la Comunidad de Madrid –el mayor paraíso de elusión fiscal de España– ha dejado de ingresar 48.000 millones desde el 2004 al 2019, lo cual supone 3.000 millones justos por año. La parte del león de pérdida recaudatoria estaría en el impuesto de sucesiones y donaciones, con 32.610 millones en el período mencionado Y estamos hablando solo de una autonomía. Y la gran castigada por estos ingresos “perdonados” a los que más tienen ha sido la sanidad pública madrileña y lo está siendo también la educación pública madrileña. Parece obligada una reforma en estos impuestos que solo permita subir los impuestos hasta cierto límite y no bajarlos. No tiene sentido tributario que la Administración Central ceda impuestos a las Autonomías para que financien los bienes públicos y algunas Autonomías hagan electoralismo apoyándose en los sentimientos egoístas del electorado, porque ello supone que unos españoles financian a otros por el simple hecho de vivir en territorios diferentes. 

Por último,  las empresas y, sobre todo, las grandes empresas tributan mucho menos por sus rentas –ganancias– que los particulares. Esto no es justo. Por eso, algunas grandes empresas multinacionales, que pueden mover sus residencias tributarias y marcar precios de transferencia, tienen un tipo efectivo sobre la base imponible menor del 5%. Según el economista Gabriel Zucman, premio Bernácer al mejor economista joven de Europa otorgado por el Observatorio del BCE, en el territorio español se dejan de declarar por parte de las grandes multinacionales unos 13.500 millones de euros, de los cuales se desvían a las empresas matrices o filiales 11.000 millones. Por ello parece imprescindible marcar ese tipo efectivo al menos en el 15% sobre ganancias –si es mayor que tipo sobre la base imponible– y que está en los acuerdos de los partidos del gobierno de coalición actual. Es aún insuficiente si lo comparamos con la tributación en el IRPF, pero es un paso ineludible para aligerar la injusticia tributaria actual. Como colofón de este apartado diremos –con datos oficiales del Hacienda– que en el año 2007 los empresarios declararon en el impuesto de sociedades 44.823 millones que se corresponden con los beneficios –y esto es muy importante– del año 2006; en cambio, al año siguiente, es decir, en el 2008 declararon por los beneficios del 2007 –aún no se había declarado la crisis– ¡solo 27.301 millones!

En este sentido, no es extraño que los PGE-2021 se valoren en Europa por la capacidad recaudatoria de nuestro sistema fiscal, puesto que la vía de rebajar las retribuciones de los empleados públicos, congelar las pensiones, rebajar también los salarios o precarizar más el empleo –como desean los grandes empresarios– está vedada por injusta en lo social y por los efectos calamitosos que tuvieron en la demanda agregada la medida tomada en el 2010 por un gobierno del PSOE y en el 2012 por otro del PP. Por el contrario, habrá que estimular más la demanda vía rentas, aunque ello suponga un mayor y momentáneo endeudamiento.

Por todo ello, es fundamental que los interlocutores sociales logren avances en estos importantes asuntos, lo que facilitará mucho el conseguir las ayudas pendientes de la UE, los acuerdos de reconstrucción en el Parlamento y, finalmente, la aprobación de los PGE-2021. Además, dotaría de un fuerte protagonismo a sindicatos y empresarios en el enrarecido clima político y social. Todo dependerá, en buena medida, de la actitud que asuma la CEOE-CEPYME, a pesar de que el Gobierno y el Parlamento siempre tienen la última palabra…

 03.07.2020. “Hormigas Rojas” (Antonio Mora, Antón Saracíbar, Gabriel Moreno, Juan Sotres, Antonio Sánchez, Ramón Utrera y Manuel Martínez).