POR FIN, MEJORA EL EMPLEO EN CUANTÍA Y CALIDAD

Hormigas Rojas

La primera Encuesta de Población Activa del presente año (EPA I trimestre de 2022) y los datos del paro registrado en las oficinas públicas de empleo del mes de abril reflejan una mejora muy notable del empleo en términos cuantitativos y cualitativos. El paro se ha reducido en los últimos 12 meses en 2,33 puntos, a pesar de que la reciente EPA refleja un incremento del paro de 70.900, hasta 3.174.700 personas (13,65%), sobre el trimestre anterior. De la misma manera, en términos de ocupación, la encuesta recoge un total de 20.084.700 personas empleadas, un 4,57% más que en el mismo trimestre del pasado año, cifras que no se habían alcanzado en los 22 últimos años que contabilizan la serie histórica. Por otra parte, se aprecia un relevante descenso de la temporalidad producida por la última reforma laboral. Efectivamente, en este trimestre, los trabajadores con un contrato temporal se han reducido en 209.800 y, por el contrario, han aumentado en 164.100 los contratos indefinidos. Por su parte, el número de ocupados desciende en 100.200 personas, si bien esta cifra refleja la menor caída en un primer trimestre desde el año 2.019. La parte negativa, según UGT, es que el empleo a tiempo parcial creció en 71.300 personas, aunque la parcialidad involuntaria se ha reducido hasta el 49,3%, dos puntos menos que en el trimestre anterior.

En todo caso, el descenso del empleo es un fenómeno habitual en los primeros meses del año. Debemos tener en cuenta que son meses que vienen precedidos de una mayor actividad económica en la etapa de las fiestas navideñas. Por eso, según CCOO, en términos desestacionalizados, la variación trimestral del empleo es positiva (más 1,08%) y en términos anuales el incremento del empleo ha alcanzado a 878.000 personas (4,6%). Eso es coherente con los nuevos datos de paro registrado (también muy positivos) en las oficinas públicas de empleo del mes de abril.

En efecto, en el mes de abril en España, por primera vez, se han superado los 20 millones de afiliados a la seguridad social (en concreto 20.098.119) y, lo que es muy importante, ha aumentado considerablemente el número de trabajadores con un contrato fijo: en dicho mes se firmaron un total de 1.450.093 contratos de los cuales el 48,2% de los firmados fueron indefinidos. Como consecuencia, la temporalidad se ha reducido, desde el pasado mes de diciembre, en 6 puntos, pasando del 29% al 23%. También han bajado los contratos de muy corta duración (altísima rotación) en el mes de abril: han pasado de representar el 75,8% de los firmados en dicho mes, en los ejercicios previos a la pandemia, al 28%.

Lo más relevante de estos datos es que la caída del desempleo ha sido general en todas las CCAA, sectores, así como en el apartado de hombres y mujeres y, sobre todo, que se producen en un contexto económico donde predomina la incertidumbre, la influencia negativa de la invasión de Ucrania y, sobre todo, el alza de las materias primas, que ha elevado considerablemente la inflación en todo el ámbito internacional y, particularmente, en España (8,4%). A esta situación hay que añadir la culminación de las conversaciones abiertas entre los interlocutores sociales, con el propósito de repartir más equitativamente el costo de la crisis actual, ante la ofensiva de los poderes fácticos encaminada a que los trabajadores paguen de nuevo el aumento desorbitado de los precios.

En este sentido, los sindicatos han reivindicado en el pasado 1º de mayo el mantenimiento del poder adquisitivo de los salarios y han recordado recientemente que los salarios están creciendo por debajo de los precios al crecer la media de los convenios un 2,36%, en claro contraste con el alza de los precios que, como media, en lo que va de año, crecen un 8%. Por eso, los sindicatos insisten en que los trabajadores, así como los empleados públicos y los pensionistas no pueden pagar el alto costo que representa la actual alza de precios. Su propuesta contempla la moderación salarial en el primer año; sin embargo, exigen un acuerdo de tres años que incluya una cláusula de revisión salarial que evite la pérdida de poder de compra de los salarios durante la vigencia de dicho acuerdo.

Una propuesta que choca con la actitud de la CEOE contraria a relacionar los salarios con el IPC. La actitud empresarial resulta muy poco responsable y contradictoria, porque las empresas están obteniendo beneficios en la actualidad y se niegan a moderar sus precios y a repartir los resultados obtenidos por el aumento de la productividad. Por el contrario, repercuten el alza de las materias primas en el precio de sus productos, lo que demuestra que los salarios no pueden ser los culpables del aumento de la inflación cuando crecen muy por debajo del IPC y que, por lo tanto, esta es una responsabilidad exclusiva de los empresarios.

El planteamiento de los sindicatos no sólo es justo. También es razonable que hayan dado por cerrado el proceso de diálogo, ante la intransigencia empresarial, y defiendan sus alternativas en los centros de trabajo, sobre todo en las pequeñas empresas. Además, el planteamiento sindical añadiría dinamismo al consumo interno y por lo tanto al crecimiento de la economía y al empleo. En todo caso, en la actual situación, los sindicatos deben acelerar el proceso negociador de los convenios sabiendo que no van a contar con una referencia salarial en el conjunto del Estado. Por eso, los convenios sectoriales deben recuperar su protagonismo, activando para ello su articulación desde los ámbitos sectoriales hasta los centros de trabajo como se postula en la última reforma laboral acordada.

En definitiva, fortalecer el músculo sindical a todos los niveles y recuperar la capacidad de movilización (“amenaza creíble”) en un contexto particularmente adverso para los trabajadores. Debemos recordar que, en este sentido, el fundamento de la acción sindical en las empresas es la negociación colectiva y que ésta representa el mejor instrumento para fijar los salarios, la jornada, la contratación y las condiciones de trabajo en las empresas en general. Tampoco debemos olvidar que ello requiere mejorar la relación de fuerzas y que esta mejora sólo se consigue fomentando la participación de los trabajadores en el proceso negociador y elevando la presión y la movilización social.

Esta alternativa se debe defender también en el ámbito de la función pública, donde tres millones de empleados públicos están abocados a perder adquisitivo si no se corrige al alza el incremento previsto para este año en los PGE-2022 (2%). En cambio, en relación con los pensionistas, los sindicatos no pueden ni deben hacer ninguna concesión. Las pensiones están blindadas por el acuerdo alcanzado en su día y, por lo tanto, deben seguir ligadas a la inflación en los términos pactados. Esto no significa que esta batalla esté ganada definitivamente: fuertes poderes fácticos y, particularmente, financieros siguen presionando para desligar el incremento de las pensiones al IPC, alegando la sostenibilidad del Sistema de la seguridad social, el elevado déficit y la fuerte deuda pública de nuestro país.

En todo caso, estos son los problemas reales que preocupan y afectan directamente a toda la ciudadanía. Por eso, el Gobierno debe insistir en el empleo e, incluso, considerar en positivo la alerta de la CEPYME sobre la escasez de trabajadores especialmente cualificados, al estimar que han sido 109.000 el número de vacantes que no se han cubierto, a pesar de los tres millones de parados, lo que exige corregir el actual déficit de talento y reforzar la formación profesional, la conciliación de la vida familiar, la digitalización y el teletrabajo, sin olvidar intervenir más activamente en la intermediación de los contratos laborales, reformando para ello en profundidad el funcionamiento de las oficinas públicas de empleo; todo ello, al amparo de las ayudas que vaya recibiendo España de la UE.

También el Gobierno debe seguir trabajando por resolver los problemas derivados de la abusiva temporalidad, mejorar el funcionamiento de los servicios públicos, recaudar fiscalmente más y con equidad y, por supuesto, combatir la inflación con todos los medios a su alcance. Todo ello, en un marco político respetuoso con las libertades, garante de las políticas de igualdad, afanoso en la lucha contra el cambio climático (transición energética) y en la modernización de nuestra economía.

En este contexto, no caben rencillas ni diferencias injustificadas en el Gobierno. Las últimas encuestas publicadas y las elecciones en Andalucía demuestran que la izquierda no puede perder el tiempo en diatribas, improvisaciones y, mucho menos, en inciertos experimentos políticos, por eso se ha valorado muy positivamente, a pesar de los problemas, el reciente acuerdo de nueva coalición entre los partidos a la izquierda del PSOE en la mencionada comunidad autónoma. En definitiva, es el momento de actuar unidos con determinación y eficacia. El mayor riesgo que corre este país no está sólo en la ultraderecha… Está, sobre todo, en la pasividad de las fuerzas progresistas a la hora de conformar una ciudadanía culta, bien informada y exigente con sus derechos, pero también consciente de sus obligaciones encaminadas, con redoblada ilusión, a configurar una sociedad más justa y solidaria de aquí a los próximos años.