LA POLÍTICA DE RENTAS DEL GOBIERNO
Hormigas Rojas
El plan es compatible con la gestión de las ayudas de la UE
para combatir la COVID y resulta coherente con el acuerdo alcanzado
recientemente en la UE, por el que se permite a España y Portugal fijar
limitaciones al precio del gas y, en coherencia con ello, reducir el precio actual
de la energía eléctrica a empresas y particulares. En concreto, el plan reduce
el precio de los carburantes 20 céntimos de euro, pretende proteger el empleo,
limita el precio de los alquileres, aumenta el Ingreso Mínimo Vital (IMV) un
15%, extiende el bono social eléctrico hasta 1,9 millones de hogares,
incrementa el plazo de vencimiento de los préstamos del ICO y abre una nueva
línea de avales, ayuda a sectores concretos muy afectados por el encarecimiento
energético, endurece el llamado impuesto sobre los beneficios caídos del cielo
y destinará 1.200 millones de euros en este año a la acogida de refugiados
ucranianos, entre otras medidas.
El Real Decreto Ley 6/2022, de medidas urgentes del plan nacional
de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania,
tiene un mes de plazo para ser aprobado en el Congreso de los Diputados. Todo
indica, al margen de sus carencias y limitaciones temporales revisables, que el
decreto será votado favorablemente por los partidos que apoyaron la investidura
de Pedro Sánchez y apoyado también por los sindicatos. Por el contrario, se
descarta de antemano el voto de Vox y será muy problemático el voto favorable o
la abstención del PP ante la insistencia de los populares de bajar los
impuestos, a pesar de las expectativas suscitadas por la elección de Alberto
Núñez Feijóo como presidente del PP; el difícil contexto político, económico y
social en el que nos encontramos; y la más que reiterada y deseada unidad de
los partidos políticos ante las exigencias de la UE: elevada deuda pública (en
torno al 118% del PIB), servicios públicos muy deteriorados por las políticas
de austeridad (sanidad y enseñanza), aumento considerable del gasto social para
paliar la crisis, incremento del precio de las importaciones de crudo y de gas…
En relación con este importante asunto, la izquierda, y el
Gobierno más en concreto, debe oponerse radicalmente a la pretensión de las derechas
de reducir significativamente los impuestos, lo que situaría a nuestro país en
grave riesgo de recortar la inversión, el gasto social y dificultará el pago de
la deuda pública. Paralelamente deben enfrentarse, en términos dialécticos, a
esta deriva ideológica y defender el incremento razonado de los impuestos a los
que más tienen, en coherencia con la política impositiva anunciada por el
presidente Biden (EE. UU.) -y el discurso socialdemócrata- de penalizar a los que
más tienen (fijar un límite y aumentar el impuesto de sociedades y el de
grandes fortunas) para combatir los efectos nocivos de la guerra. El objetivo
fiscal debe encaminarse a que España se equipare, en cuanto a presión fiscal, a
la media de los países de la UE, lo que requiere en primer lugar mejorar la
conciencia fiscal de los ciudadanos y situar como prioritaria la lucha contra
la elusión fiscal, el fraude y la economía sumergida.
En concreto, se debe acabar, de acuerdo con la UE, con los
paraísos fiscales, blindar la seguridad jurídica de los denunciantes de fraude,
penalizar la contratación pública de las empresas que no cumplan con las
exigencias de una fiscalidad responsable, insistir en la incompatibilidad entre
el ejercicio de cualquier cargo público y el uso de instrumentos que
posibiliten la elusión y el fraude fiscal, al margen de reforzar los medios
técnicos y los recursos humanos necesarios para cubrir las necesidades de la
inspección, control y lucha contra el fraude a todos los niveles.
Por otra parte, hay que potenciar los impuestos directos
(rentas, patrimonio y sociedades) sobre los indirectos (el IVA lo pagan todos
los ciudadanos por igual al margen de su riqueza y patrimonio). En concreto,
hay que equiparar las rentas del capital a las del trabajo; aumentar el IRPF a
los ingresos más altos; establecer un mínimo en el impuesto de sociedades;
evitar el dumping fiscal entre comunidades autónomas y la confrontación
de éstas con el Estado; imponer una tasa mínima en patrimonio, donaciones y
sucesiones; revisar a fondo las bonificaciones y exenciones fiscales; analizar
la composición del IVA; revisar en profundidad la tributación fiscal de las SICAV;
establecer una ambiciosa fiscalidad verde y medioambiental; aplicar la tasa
Google; e imponer tasas a las transferencias financieras, entre otras
medidas de gran calado.
Como se puede observar, el esfuerzo del Gobierno resulta
evidente para responder con eficacia a la actual coyuntura. Sin embargo, no
está exento de contradicciones y, sobre todo, se echa en falta una política más
ambiciosa y con visión de Estado a medio y largo plazo. Por ejemplo, el denostado
posicionamiento sobre el Sahara (en tiempo, forma y contenido) traslada, en
buena medida, nuestros problemas de suministro energético a Argelia, aumentando
así las incertidumbres en relación con el precio final del gas. Tampoco se
vislumbran nuevas medidas de inversión de los fondos de recuperación económica
de la UE: cambiar nuestro modelo productivo (industrializar el país y sobre
todo el sector agrario alimentario), aumentar las plantillas de nuestras
pequeñas empresas, invertir en investigación, innovación y desarrollo, corregir
el déficit digital de nuestra economía y, desde luego, mejorar la productividad
y alcanzar la autosuficiencia alimentaria y energética en el marco de la UE, lo
que reduciría considerablemente el precio del gas, del petróleo y la energía
eléctrica.
Por último, en relación con la propuesta del Gobierno a los
interlocutores sociales de llegar a un acuerdo de moderación salarial, se
constata que los problemas derivados del alza del IPC (el 9,8% adelantado del
mes de marzo y una inflación subyacente del 0,8% mensual y del 3,4% anual en un
marco especialmente alcista: la media de los países de la eurozona se ha
situado en el 7,5%) resultan mayúsculos. De entrada, la posición de la CEOE está
enrocada en aumentar solamente los salarios desde el 2,5% en 2.022, al 2% en
2.023 y al 1,5% en 2.024 (más 1% adicional condicionado a incrementos de la
tasa de productividad entre el 2% y el 4% por empleado), lo que reduciría drásticamente
el poder adquisitivo de los trabajadores sin ninguna contrapartida conocida
relativa a la limitación de los beneficios empresariales.
Por su parte, los sindicatos están haciendo hincapié en no
perder poder adquisitivo durante la vigencia del hipotético acuerdo (tres años)
y, en este sentido, plantean generalizar la cláusula de revisión salarial en
todos los convenios y, en el peor de los casos, recuperar más tarde lo perdido
en el primer año. Un planteamiento que, en todo caso, depende de la voluntad de
los empresarios de respetar los compromisos asumidos en los centros de trabajo,
de la mejora de la coyuntura económica y de la capacidad de presión y movilización
de los trabajadores y sindicatos en las mesas de negociación de los diversos
convenios. No será nada fácil justificar un acuerdo en clave sindical con la
actual relación de fuerzas, sobre todo si los trabajadores pierden poder
adquisitivo, a pesar de las promesas de recuperar dicho poder adquisitivo a
través de las cláusulas de revisión salarial que, todo hay que decirlo, han
demostrado muy poca eficacia en los últimos años a la hora de mantener el poder
de compra de los trabajadores. En todo caso, los sindicatos deben superar la
opacidad que está presidiendo las negociaciones y, desde luego, fomentar mucho
más la participación y el debate en sus estructuras internas y especialmente en
los centros de trabajo.
Por todo lo dicho, nos esperan meses difíciles que,
seguramente, afectarán en negativo a las previsiones del Gobierno sobre el
crecimiento económico y el empleo, lo que potencialmente añadirán una mayor
incertidumbre a la situación actual y aumentarán la conflictividad social. A
todo ello hay que añadir el esperado aumento de la confrontación política de
las derechas con las fuerzas progresistas ante las próximas elecciones
municipales, autonómicas (se espera una próxima convocatoria de elecciones en
Andalucía), europeas y, finalmente, generales.
En este sentido, tampoco debemos descartar una nueva ofensiva
del PP para volver a equiparar a Unidas Podemos (UP) con Vox y justificar un
nuevo llamamiento al PSOE para que abandone definitivamente su alianza con los
populismos (filocomunistas y etarras): la alternativa, auspiciada por
diversos poderes fácticos de marcado carácter neoliberal, consistiría en un
gobierno de gran coalición -al margen de Vox y de UP- presidido por el ganador
de las elecciones (volver al bipartidismo); incluso, en los mentideros
políticos no se descarta el adelanto electoral. Con el agravante, en estas circunstancias,
de que la izquierda sigue sin transmitir credibilidad e ilusión en la
aplicación de una política progresista encaminada a un crecimiento sostenible
de la economía, el pleno empleo y la superación de las graves desigualdades, la
pobreza y la exclusión social (escudo social); en definitiva, a garantizar el
Estado de bienestar social.
En esta tarea, el trabajo organizativo resulta fundamental y,
en coherencia con ello, el PSOE y UP deben explicar a los ciudadanos, en esta situación
excepcional, el porqué de las decisiones gubernamentales y, de la misma manera,
trasladar al Gobierno las aspiraciones más profundas de los ciudadanos. El
problema se agudiza al comprobar la notable pérdida de músculo de ambos
partidos políticos, ensimismados en el ejercicio del poder institucional,
faltos de empatía y de respuestas políticas suficientes a los ciudadanos y
empecinados en ocupar el centro político sin un relato claro que frene
la desmovilización social que anuncian algunas encuestas. Sin olvidar los
serios problemas que genera, en la actual situación de emergencia social, la
falta de cauces suficientes de diálogo con las fuerzas progresistas y, sobre
todo, con los partidos de la oposición, a la espera de una actitud más
favorable del PP para llegar a acuerdos, en base a la voluntad manifestada por
Alberto Núñez Feijóo en su encuentro celebrado con Pedro Sánchez.
(Antonio Sánchez, Gabriel Moreno, Antonina Ramírez, Juan Sotres, Antón Saracíbar, Ramón Utrera, Javier Velasco, Pedro Espino)
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