FIASCO ELECTORAL DEL PP EN CASTILLA-LEON
Hormigas Rojas
En relación con este asunto, las declaraciones en la COPE de
Pablo Casado, impropias del presidente de un partido, donde anunció la apertura
de un expediente con la misión de investigar asuntos relacionados con la
corrupción en la Comunidad de Madrid, y que se retiró al día siguiente de
manera incomprensible y sin explicaciones convincentes, culminaron en términos
políticos con el cese del secretario general del PP y la petición de dimisión
del propio presidente Pablo Casado.
Estos hechos arrancan en el último congreso del PP, que
pasará a la historia por sus efectos sumamente perniciosos: la elección de un
presidente extremadamente frágil, sin raíces y apoyos reales y la aprobación de
unas resoluciones encaminadas exclusivamente a descalificar al Gobierno de
coalición (PSOE y UP) y precipitar el desembarco en La Moncloa a costa de cualquier
precio (“gobierno ilegítimo y ocupa”), lo que explica la política errática, sin
rumbo y sin alternativas del PP.
No es extraño que en los últimos años el PP haya cometido
tantos errores políticos: la actitud de este partido en torno a la pandemia (estados
de alarma); la connivencia con la corrupción interna; la confrontación
sistemática, radical y sin sentido político con el Gobierno de Pedro Sánchez;
la elección como portavoz del PP del alcalde de Madrid (manifiestamente
incompatible); la denuncia del reparto y gestión de los fondos de la UE en
Bruselas; y, últimamente, el adelanto electoral en Castilla y León. Sin olvidar
la falta de ideas y el bochornoso espectáculo en torno a la reforma laboral, el
falso debate sobre las macrogranjas y las manifestaciones negativas,
estridentes e incomprensibles sobre el salario mínimo interprofesional (SMI), el
ingreso mínimo vital (IMV), el crecimiento del PIB, los datos favorables sobre
el empleo, los ERTE, el acuerdo sobre las pensiones e, incluso, las diferencias,
sin ningún sentido político, con la CEOE y los sindicatos.
La gravedad del problema que nos ocupa obliga al PP, como
principal partido de la oposición, a actuar con rapidez y solvencia. En primer
lugar, debe resolver el problema relacionado con la falta de liderazgo, a
través del congreso extraordinario convocado para los días 1 y 2 del próximo
mes de abril. En este sentido, Alberto Núñez Feijóo ha recibido unánimemente el
apoyo de los llamados “barones territoriales” para dirigir el partido y, una
vez aceptado el mandato, deberá conformar un equipo idóneo que normalice el
funcionamiento interno y garantice la unidad del partido. También debería trabajar
para centrar al partido (apostar por el centro derecha) y definir con
claridad el comportamiento a seguir con VOX y, sobre todo, la oposición que
quiere ejercer ante el actual Gobierno e, incluso, la posibilidad de colaborar
con el PSOE en asuntos de estado (por ejemplo, pactando la renovación del
Consejo General del Poder Judicial). En cualquier caso, las primeras decisiones
deberían ser normalizar las relaciones con las organizaciones territoriales y,
especialmente, con la organización de su partido en la Comunidad de Madrid, determinar
cómo y con quién se gobierna en Castilla y León, frenar el adelanto electoral
en Andalucía y proceder al nombramiento, cuando proceda, del nuevo presidente de
la Xunta de Galicia.
Sin embargo, a pesar de la importancia de estas medidas, a
desarrollar a corto plazo, lo que resulta verdaderamente imprescindible para el
PP, aprovechando la caída de su dirección, es que desaparezcan las formas
mezquinas de hacer política que, sobre todo, se han puesto de manifiesto en los
últimos meses. No se puede combatir al adversario político con la falsedad, la
mentira, la extorsión y la deslealtad, con el único fin de defender intereses bastardos.
Ni siquiera el hecho de sustituir a los más altos dirigentes resolverá el
problema del PP si no cambia también la fuerte radicalidad de sus políticas. En
este sentido, el anuncio del presidente del Gobierno de no adelantar las
elecciones generales es una buena noticia y dará seguramente un respiro al PP
para que cicatrice sus heridas, normalice su situación interna y frene sus
planteamientos más extremos en pugna con la ultraderecha (VOX).
Por otra parte, el Gobierno y la izquierda en general no deben
adormilarse y menos equivocarse con la crisis del PP. Por el contrario, deben
estar alerta y trabajar a fondo por consolidar la estrategia acordada para esta
legislatura. Solamente así el Gobierno será capaz de transmitir credibilidad y certezas,
lo que conlleva reafirmar su relato progresista en defensa de la mayoría de los
ciudadanos. Está en juego la relación de fuerzas y la capacidad de los
militantes de explicar -en todos los ámbitos sectoriales y territoriales- la
gestión del Gobierno, en contraposición al fuerte poder mediático controlado
por las derechas y los poderes fácticos.
Sobre todo, cuando quedan asuntos pendientes de culminar de
una gran relevancia política; fundamentalmente la lucha contra la desigualdad,
la pobreza y la exclusión social. Y, más en concreto, la reforma fiscal,
encaminada a converger con la media de los ingresos fiscales de los países de
la UE-15; la presencia pública en el sector financiero (ICO, Caixa Bank, Correos
y los restos de la antigua red de Caja Postal); el cambio climático (transición
energética justa); la digitalización negociada en las empresas; el
fortalecimiento de los servicios públicos (sanidad, educación y políticas
sociales); y, por supuesto, la gestión de los fondos de la UE encaminados a
superar la crisis social, modernizar el tejido empresarial y facilitar el cambio de nuestro modelo
productivo, además de las necesarias medidas dedicadas a paliar los duros
efectos de la invasión de Ucrania. Especialmente se debe hacer hincapié en los
más jóvenes, abordando el desempleo juvenil, la extrema precariedad de sus
empleos, el futuro incierto de sus pensiones y el grave problema del alquiler y
de la vivienda social.
Por eso, es urgente que los partidos a la izquierda del PSOE consoliden
su estrategia y, en concreto, que Yolanda Díaz defina mucho mejor su pretensión
de escuchar a los ciudadanos para constituir una “plataforma transversal”
-de marcado trasfondo electoral-, al margen de UP, IU y el Partido Comunista,
lo que exigirá valorar en profundidad el riesgo que ello comporta para el
futuro de la izquierda. También el PSOE y UP deben reforzar sus estructuras
organizativas y fomentar el debate, la participación y la rendición de cuentas
de sus dirigentes en las redes sociales, en las Casas del Pueblo y en las
estructuras partidistas.
No debemos olvidar que los partidos políticos, de
acuerdo con la Constitución, son los mejores instrumentos para aplicar con
convicción y entusiasmo las reivindicaciones de los ciudadanos, que demandan
una mayor justicia social y una mayor igualdad de oportunidades, en
colaboración con los sindicatos. Que nadie se equivoque: con estas políticas
también se pueden ganar unas elecciones generales, sin necesidad de recurrir a
políticas de centro acomodaticias, que nunca generan entusiasmo en el
electorado ni movilizan a la izquierda sociológica y mucho menos a los jóvenes.
Para ello resultan imprescindibles los partidos, que deben ejercer un verdadero
liderazgo -sin titubeos y actitudes vergonzantes- y explicar a través de sus militantes
el contenido de sus programas a todos los niveles. Además de fomentar la
participación y el debate interno, desde la ética, la honradez y la coherencia
política, ya que los ciudadanos no toleran que se prometa hoy una cosa y mañana
se incumpla sin rubor el compromiso asumido (sin explicaciones convincentes)
por exigencias de una táctica electoral basada simplemente en el marketing
político y mucho menos por presiones de los poderes fácticos.
En todo caso, las ideas progresistas, de un marcado
carácter socialdemócrata, son las más apropiadas para responder a la crisis y a
la fuerte ofensiva neoliberal que se está produciendo en el mundo y, por
supuesto, las más eficaces para defender los intereses de los más
desfavorecidos. Precisamente, a los que se debe dirigir una política claramente
diferenciada de las rancias e interesadas recetas, ya fracasadas, que nos viene
ofreciendo la derecha neoliberal y ultramontana. Un reto mayúsculo para el
actual Gobierno y los partidos que lo sustentan (PSOE y UP) en una sociedad
compleja y cambiante que debe seguir aspirando, cuando menos en lo que resta de
legislatura, a corregir el déficit social que, sobre todo, se ha venido
generando desde el año 2008.
Sólo así será posible recuperar la ilusión, la esperanza y la
movilización social y, lo que es más importante, gestionar razonablemente las
emociones de los ciudadanos (sobre todo en torno a la unidad de España, las
cuestiones identitarias y el fenómeno de la inmigración) y oponerse a conductas
propias de unas derechas manifiestamente reaccionarias: el caudillismo,
el engaño y el control abusivo del poder. No debemos olvidar que el avance de
la extrema derecha, del independentismo y de los populismos en general se
consolidará si la izquierda -acomplejada- no actúa con la firmeza necesaria y no
conecta con la realidad social y con las personas más vulnerables en su apuesta
por la transformación social y la recuperación de valores como el esfuerzo, la
participación, el debate, la defensa de las libertades y, desde luego, por las políticas
encaminadas a reafirmar la “centralidad del trabajo” en una sociedad
democrática.
Resulta paradójico y contradictorio que, en una sociedad
moderna, la ultraderecha canalice el descontento social de muchos trabajadores,
en detrimento de unas fuerzas progresistas empeñadas, no sin grandes
dificultades, en aplicar unas políticas sociales que hagan más fácil la
superación de la crisis. Razones poderosas para que la izquierda, cuando ya ha comenzado
la segunda parte de la legislatura, redoble, todavía más, la lucha contra la
desigualdad, la pobreza y la exclusión social.
(Gabriel Moreno, Antonina Ramírez, Antonio Sánchez, Juan Sotres, Antón Saracíbar, Ramón Utrera, Javier Velasco, Pedro Espino)
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