Paremos la exclusión financiera

 

 

La exclusión financiera es una alarmante y creciente realidad. Es la expulsión creciente de ciudadanos (personas, familias, pequeños empresarios o autónomos, y en un sentido amplio, territorios), de los servicios bancarios y financieros necesarios para la vida personal o empresarial de todos estos colectivos.

Lo paradójico de esta nueva situación es que las transacciones en efectivo están desapareciendo paulatinamente. Además, los servicios básicos:  telefonía, electricidad y otras ya no aceptan el pago en metálico en sus oficinas. Se nos obliga a realizar cobros y pagos a través de las entidades bancarias sin empleados, en cajeros automáticos o por medios digitales y/o tarjetas.  Todo esto expone a una mayor y grave precarización a la ciudadanía más vulnerable que ni tiene recursos para afrontar estos nuevos costes y tampoco dispone de las habilidades digitales para los nuevos instrumentos financieros. Hoy en día no se remuneran las cuentas ni los depósitos. Por el contrario, se empieza cobrar por tener una cuenta corriente, una cartilla de ahorro, o los pagos de servicios.  Y la falta de competencia perjudica al usuario al no existir alternativa para elegir un trato decente.

 Garantizar, por tanto, un acceso adecuado a los servicios bancarios básicos a toda la población es una obligación de los poderes públicos. Las nuevas condiciones de comisiones o intereses negativos con lo que algunos bancos amenazan por disponer dinero en la cuenta hará que los clientes más frágiles del sistema bancario, que sólo realizan este tipo de operaciones elementales, queden cautivos de esas penalizaciones. Enorme injusticia, puesto que, sin embargo, se bonifica a los clientes “preferentes”.

Además, el acceso físico a las sucursales supervivientes supone, para los que no puedan operar virtualmente, una tarea penosa de tiempo y espera. Problema agudizado en la “España vaciada” pero que se manifiesta también en las ciudades.

La Banca de hoy se lucra en actividades especulativas y no necesita los depósitos y ahorros de las personas y familias. Para aumentar la disponibilidad crediticia capta liquidez pública a través los Bancos Centrales que coloca, a menudo, en fondos de inversión que suelen operar con perfiles especulativos. De ahí se nutre mayoritariamente la cuenta de resultados del oligopolio financiero español. Al mismo tiempo la empresa privada, la de gran tamaño, se financia con deuda corporativa mientras la pequeña accede al crédito a tipos de interés que en España son más altos. Un préstamo personal-familiar en España está en el 6,5%, mientras que en Alemania en el 3,9%, en Francia en el 4,3% y en Italia en el 5,6%. En cualquier caso, el diferencial de costes se puede encarecer extraordinariamente, hasta un 148%, si se tiene un contrato temporal o se está en paro.

Se ha liquidado un modelo en que el Estado regulaba y sostenía entidades específicas para la financiación de sectores claves de la economía como el agrario, el industrial, el local y de la construcción. Había también instituciones de carácter social como las Cajas de Ahorros. Estructura que, a diferencia de otros países, hoy no existe. Ya no hay ninguna Banca con control público en España y el sistema financiero español es un auténtico oligopolio privado que debería hacer actuar a La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia

En nuestro entorno europeo coexisten todavía Bancos y Cajas de Ahorro públicas y bancos de desarrollo local con un amplio despliegue territorial próximo a dónde habitan los ciudadanos. Por ejemplo, en Alemania las Sparkassen. En Francia un extenso sistema de Bancos, Cajas de Ahorros, Cooperativas y Mutualidades de Créditos. En Finlandia el OP Financial Group (unión de 180 cooperativas) o el Grupo DNB Bank noruego, con su Banco Postal.

Según un estudio del Banco de España, de 2018,  ya en ese año nuestro país  tenía una concentración bancaria un 28 % por encima de la media ponderada de la eurozona. Con la fusión de CaixaBank y Bankia y las que se anuncian, el sistema financiero español quedará configurado con sólo cuatro grandes grupos que manejarán el 80% del activo bancario. Desaparecerán más oficinas (1300 sólo de Caixabank y Bankia), en los últimos 10 años cerraron un 50% de las más de 45.000 que había a fines de 2008, habrá más empleados despedidos (6.500 de Caixabank y Bankia) que se suman a más de 100.000 anteriores y más de 4.000 municipios serán los que se hayan quedado sin oficinas bancarias.

El oligopolio Bancario privado actual se ha edificado con ayudas públicas directas e indirectas extraordinarias y no hay perspectivas de recuperación. Ahora sufrimos además las consecuencias de esas fusiones.

Empecemos por frenar en seco el proceso de exclusión financiera en curso y recomponer servicios de una banca minorista y de depósitos a partir de instituciones y agencias financieras, todavía algunas de titularidad pública, garantizando la presencia de las cajas rurales y otras cooperativas de crédito, o de servicios a los ciudadanos: como Correos o el ICO y otras de menor envergadura como las existentes en algunas autonomías.

 

Las organizaciones firmantes planteamos:

Frente al exclusivo interés del beneficio privado, forzado por el oligopolio bancario, es imprescindible la iniciativa pública para recuperar la banca minorista y de servicios para las personas, las familias, los profesionales, los pequeños empresarios y los autónomos. Una banca más segura, responsable y cercana. Demandamos de los poderes públicos el desarrollo de una base legal bancaria hacia valores éticos y de interés social. Para luchar contra la exclusión financiera se necesitan desarrollos normativos que por un lado secunden y respalden la construcción, por parte de la ciudadanía autoorganizada, de un sector bancario social, ético, alternativo y democrático, y por otro, la formulación inmediata de un plan integrado de reconstrucción de un polo de Banca Pública.

 

 

NOTA DE PRENSA 

Recientemente se ha constituido un colectivo de organizaciones preocupadas por el incremento de la exclusión bancaria.

El acelerado proceso de fusiones bancarias se acompaña de reducciones de personal y oficinas, lo que perjudica la atención al usuario. Paralelamente, las entidades concentran cada vez más la obtención de beneficios en el incremento de las comisiones por cada servicio y en operaciones financieras especulativas, deteriorándose la función tradicional de los bancos de intermediación entre el ahorro de la sociedad y el crédito a familias y empresas. Estos procesos se agudizan por la falta de competencia en un sector al que ya podemos considerar un oligopolio de muy pocas entidades.

Los perjuicios para la ciudadanía no son, por tanto, únicamente en el ámbito de la exclusión territorial, por la que existen zonas en las que a sus poblaciones envejecidas se suman las dificultades de acceso a servicios financieros con otras ya denunciadas de déficits en los terrenos de la sanidad, la enseñanza o las comunicaciones. A los continuos déficits de las inversiones del Estado en dichos territorios se suma el abandono y falta de estímulos para que allí se den iniciativas empresariales ante el alejamiento de la presencia bancaria.

Le adjuntamos el documento firmado inicialmente por un amplio conjunto de asociaciones y le trasladamos que a partir de ahora iniciaremos las acciones que se consideren pertinentes para luchar contra el abuso y la exclusión financiera

Para cualquier ampliación o aclaración, pueden dirigirse a pcexclfin@gmail.com