FUSION BANKIA-CAIXABANK: UNA OPORTUNIDAD PERDIDA PARA UNA BANCA PUBLICA.

Ramón Utrera Cejudo

La fusión Bankia-Caixabank, que en realidad es una absorción de la primera por parte de la segunda, no es una fusión bancaria más, a pesar de su importancia en términos de volumen en el sector financiero español. Esta fusión plantea tres cuestiones de fondo fundamentales: La necesidad de una macro fusión más con riesgos oligopolísticos, la oportunidad perdida de no haber aprovechado la nacionalización de Bankia para recuperar la banca pública en España, y la confirmación de la imposibilidad de recuperar la mayor parte de los fondos públicos destinados al rescate de Bankia. En los tres aspectos se plantean, a diferencia de otros procesos de fusión anteriores, no sólo cuestiones financieras y sociales, sino también económicas, políticas, y hasta ideológicas.

Desde los puntos de vista puramente financiero y económico las preguntas son ¿Es necesaria una macro fusión en el sistema financiero español y europeo?, ¿y esta en concreto? Previamente a la inminente fusión ambos bancos ya son muy grandes, incluso a escala europea. En los rankings mundiales de S&P Global Market Intelligence de 2019 la Caixa aparece en el puesto 61 y Bankia en el 101 en cuanto a activos totales, 664.000 mill. en total (445.5 de Caixabank y 218.5 de Bankia); tras la fusión la nueva entidad pasaría al puesto 45 ó 46 mundial. A escala europea quedaría en el 18; el Santander está en el 16 y el BBVA en el 42. En el contexto nacional su cuota de mercado será del 25% (16% Caixa, 9% Bankia), frente al 20% del Santander y el 15% del BBVA. La capitalización es a escala mundial comparativamente baja, unos 14.040 millones (10.860 de Caixabank y 3.180 de Bankia). En cualquier caso se trata de bancos enormes, y más desde la perspectiva del tamaño del PIB español; en otras palabras, se trata de bancos sistémicos.

 

Y aquí aparecen las primeras desventajas, por no hablar de amenazas. Una de las primeras conclusiones de la gran crisis del 2008 fue el riesgo que supone la existencia de bancos de tamaños sistémicos tanto para el sistema financiero nacional e internacional como para la economía. Y por tanto la necesidad ineludible de salvarlos, incluso con dinero público; no por ellos mismos, sus accionistas, sus trabajadores, o sus depositantes, sino por las consecuencias de un efecto contagio para el resto del sistema financiero nacional, así como por las repercusiones dramáticas para la economía y para la sociedad. Por tanto, si la existencia de entidades sistémicas supone una vulnerabilidad tan grande para el país, ¿por qué permitir esos tamaños, o peor aún por qué fomentarlos?

 

Desde una perspectiva de izquierda, e incluso desde la de una parte de la derecha, se plantea también el problema de su gobernabilidad y control. Un banco gigante, que lógicamente por su tamaño mantiene la mayor parte de su balance fuera del país, deja de responder a los intereses nacionales, escapa al control del gobierno nacional, y la lógica de sus intereses se distancia, o se opone, de la de los del país en que se desarrolló y que le protegió. Por no hablar del problema de su comportamiento interno como grupo de presión, que a buen seguro ejercerá.

 

Desde el punto de vista puramente operativo y de servicio, es evidente que se fomenta el oligopolio y se perjudica la competitividad. Desaparece la banca regional, y aunque puede aumentar la oferta de servicios y su sofisticación, se pierde trato particular, conocimiento de la realidad local y flexibilidad. Además, a pesar de lo que pregona la propaganda institucional la experiencia demuestra que no se abaratan ni los intereses de los créditos ni los costes. De hecho, el mercado bancario ya adolece de ser muy competitivo. Entonces ¿por qué apoyar las fusiones de gigantes? ¿Por qué esa obsesión por el gigantismo?

 

Ante todo y aunque se hable poco de ella, hay una competición nacionalista por crear “campeones nacionales” o “continentales”. No sólo los gobiernos, desde la Comisión Europea y el BCE hay una apuesta por la concentración bancaria para ganar peso respecto a EEUU y China y poder competir con otras entidades financieras internacionales. Desde la óptica de Bruselas se prefieren más las fusiones transfronterizas, aunque de momento sólo se han producido algunas nacionales en Alemania, Italia, etc. pero en general no muchas. Con la crisis provocada por el coronavirus el BCE ha relajado las exigencias para las fusiones –Nivel de capital, provisiones para la reestructuración, etc.-. De hecho, no está previsto que en esta se vaya a ampliar capital.

 

Desde una perspectiva puramente financiera, el contexto actual de tipos en mínimos afecta mucho a los márgenes y reduce la rentabilidad. La ralentización que venía a arrastrando la economía, a la que se han añadido los efectos producidos por el coronavirus, venía provocando que la demanda de crédito fuera escasa y con riesgos. Actualmente los bancos no ganan dinero vía préstamos, ya antes de la pandemia la ralentización del crecimiento lastraba las inversiones en renta variable y en general, y la menor actividad reducía las operaciones de intermediación de la banca al por mayor o de servicio a las PYMES; lo que abocaba a las entidades financieras a buscar la rentabilidad reduciendo costes y aumentando o creando comisiones. Los problemas para dar créditos han generado excesos de liquidez, que ha habido que colocarla en el BCE, incluso a tipos negativos, y las provisiones de capital han seguido siendo un lastre. Por tanto en el contexto actual la mejor salida para mejorar la rentabilidad de los bancos es ir a fusiones que produzcan sinergias y que permitan reducir costes. Todo ello sin menoscabo de que en la futura entidad se imponga el estilo más agresivo en el cobro de todo tipo de comisiones de Caixabank.

 

Los bancos de la fusión en cuestión son muy solventes, pasaron sin problemas los últimos test de stress –Bankia quedó muy saneada después de la limpieza de su balance que le supuso la intervención-. Sus ratios de capital CET1 -Acciones+reservas+preferentes+instrumentos híbridos sobre activos ponderados por riesgo (Acuerdos de Basilea)- son los más altos de los bancos del IBEX, el 13.3% en Bankia y el 12.3% en Caixabank, frente al 11.8% del Santander y el 11.2% del BBVA; aunque el ROE está un poco bajo, con un 4.7% (Caixabank) y un 2.2% (Bankia), en un sector en el que la mayoría no llega al 5% -Antes de la pandemia el BCE pedía subirlos por encima del 7%-. La ratio de eficiencia es del 55.4% en Caixabank y del 56.9% en Bankia –El BBVA lo tiene en el 47.9% y Bankinter en el 45.4%- (Datos a junio del 2020 aportados por las propias entidades). Y en cuanto a sus negocios son complementarios. Caixabank aporta liderazgo en el negocio de seguros y mayor rentabilidad, Bankia aporta ahora solvencia. Caixabank tiene el 47% de su cartera de créditos en operaciones de empresas y consumo, frente al 39% en el caso de Bankia; mientras que esta tiene un 55% en crédito hipotecario frente al 35% de Caixabank. A Bankia le perjudicó tener que renunciar durante 5 años al negocio al por mayor, aunque no fue este el causante de sus graves problemas sino la exposición al negocio inmobiliario, en particular el heredado de Bancaja. Últimamente le ha perjudicado también el alto porcentaje de préstamos hipotecarios a tipo variable, así como los bonos con los que la Sareb le pagó los activos de los que se hizo cargo, también a tipo variable.

 

Las sinergias de la fusión están en torno a los 770 millones de euros. Hay una posibilidad de ajustes de costes de un 15% del total. Los gastos de reestructuración se estiman en unos 1000/1500 millones, pero hay un fondo de comercio negativo de unos 8000 millones, una de las claves de la fusión. Es decir, para las entidades afectadas la fusión es interesante y ventajosa. Aún así de las 6730 oficinas que suman entre los dos habrá que desprenderse –otra de las ventajas- de unas 1500, dado el grado de solapamiento existente en algunas zonas. De los 51000 empleados (35.600 Caixabank, 15950 Bankia) se prevé prescindir de unos 8000. El problema es que las prejubilaciones de los últimos años han dejado poco personal con más de 56/57 años, y el salario medio es alto, especialmente en Caixabank, o blindado, en el caso de los niveles altos en Bankia. Es decir, será una fusión ventajosa para las entidades implicadas, pero complicada. La cuestión es cómo afectará a otros interesados.

 

Para el nacionalismo catalán, aunque se le venda como un regalo, en realidad consolida el traslado del centro de gravedad de poder de la Caixa fuera de Cataluña, pues la sede oficial estará en Valencia, pero los centros operativos estarán en Madrid y Barcelona. Personalmente apuesto porque al menos las áreas relacionadas con la banca al por mayor y los mercados financieros acabarán en Madrid. Es un proceso empresarialmente lógico, que beneficia de paso los puntos de vista centralistas. Aunque es un proceso que se podría sufrir también a escala nacional si alguno de nuestros “campeones nacionales” es opado en el futuro por una entidad financiera foránea mayor.

 

Desde una perspectiva de izquierda la cuestión lleva a la oportunidad perdida para recuperar un banco público, porque el ICO, con permiso de la ministra Calviño, no lo es. El ICO como se ha dicho es una agencia financiera, y no tiene ni red ni estructura para funcionar como un banco. Entre otras cosas, porque ni se pretende, ni nunca se ha pretendido. Como tampoco ningún gobierno del PSOE ha pretendido nunca recuperar la banca pública, a pesar de lo aprobado en sus congresos. De hecho los procesos para liquidar la banca pública existente en España, que en su momento concedía el 15% de los créditos del país, los inició el PSOE con la integración y reconversión de los bancos públicos del Estado propiamente dichos, más el semipúblico que era el Banco Exterior, más el hibrido que era la Caja Postal –Compartía estructura y medios con Correos-, todos ellos dentro del holding público Argentaria, que más tarde privatizaría el gobierno del PP de Aznar, y que los posteriores del PSOE no han revertido ni amagado de hacerlo. Desde el primer momento de la intervención en Bankia el gobierno del PP nunca planteó su reconversión en banco público. El mismo Goirigolzarri lo puso como condición para aceptar el puesto. De hecho, Bankia ha estado ubicada en todo momento en el FROB, nunca en la SEPI. Y la intención ha sido desde el principio venderla entera a manos privadas en cuanto se pudiera. Política que no ha sido cuestionada en ningún momento por los gobiernos de Pedro Sánchez. Es cierto que dados los aires neoliberales que han dominado durante la crisis en Bruselas, aunque últimamente cuestionados hasta por la propia derecha europea, la UE probablemente se opondría o entorpecería una conversión de banco participado públicamente en banco público; a pesar de la existencia de bancos públicos, cajas de ahorro, o entidades no privadas en muchos países de Europa con cuotas de mercado en torno al 15%, rentables y solventes.

 

Otra cosa es que probablemente la mayor parte de la izquierda no sólo se hizo ilusiones políticas infundadas con el tema sino que no suele valorar la complejidad y dificultad de ese proceso de reconversión en toda su extensión y profundidad, o sobrestima las capacidades de este en un contexto capitalista. En el mundo actual un banco, aunque sea público, tiene que atenerse a la misma lógica de los condicionantes que afectan y sufren el resto de los bancos europeos y mundiales, incluidos los públicos, aunque luego pueda darle una orientación muy progresista. Un banco independientemente de su tamaño es una entidad que tiene poco dinero propio, es una institución que se dedica a tomar dinero por el que paga un interés, y lo presta o invierte a su vez por un interés o para obtener una rentabilidad. A no ser que alguien, puede ser el Estado con cargo a presupuestos, se lo facilite gratis. La rentabilidad que obtiene por el dinero que coloca tiene que ser superior a lo que tiene que pagar por el que recibe, obviamente, y además tiene sufragar sus propios costes de estructura y funcionamiento. Y lo peor es que no puede prestar más dinero que el que capta. Su balance puede ser muy grande, pero ya está colocado en préstamos e inversiones; y esas operaciones hay que esperar a que venzan porque no se pueden deshacer fácilmente, sin generar pérdidas o costes excesivos. Un banco tiene que tener una estructura de balance equilibrada y razonable. Primero por su propia seguridad y solvencia, imprescindible para que él mismo sea sostenible, y segundo porque en función de lo saneado que esté y de la capacidad de rentabilidad que sea capaz de generar el dinero que intente conseguir en los mercados se lo darán a un precio/interés mayor o menor. Si no se acepta esta lógica porque pueda parecer injusta, el banco público tendrá que limitar su política crediticia al dinero que pueda captar de sus clientes, últimamente con mucha competencia, a los beneficios que pueda generar, escasos si se pretende hacer una política crediticia muy social, o a los fondos que pueda facilitarle el Estado, con todas las limitaciones presupuestarias que todo el mundo conoce. Todo ello nos lleva a que si queremos pedirle muchas cosas al banco público, necesitará mucho dinero y eso sólo lo hay en los mercados mayoristas, los cuales ponen un precio que se rige por una serie de factores económicos, de mercado, técnicos, de solvencia y riesgos del peticionario, etc. que hay que asumir, porque además sus intervinientes se ubican por todo el mundo y son poco presionables. O eso o seguir aceptando que los bancos privados exijan comisiones exageradas y planteen problemas de garantías para canalizar los préstamos del ICO, quien no tiene estructura para hacerlo por sí mismo.

 

Y por último, queda la tercera cuestión: Al menos ¿por qué no se recupera el dinero de la intervención? De los 24.000 millones el FROB lleva recuperados vía dividendos unos 3.000, que no ha revertido al Estado porque han sido destinados a cubrir otros problemas del propio FROB. El resto muchos lo consideran irrecuperable, al menos en su totalidad; y dado el contexto actual y las perspectivas así parece. Pero no está claro que a partir de la fusión vaya a mejorar el escenario, aunque se insista en lo contrario, porque, aunque la nueva institución vaya a ser más saneada y rentable, el Estado pasa de tener un 61.2% a un 16% -segundo accionista después de Criteria con el 30%- y su capacidad de decisión y presión se reduce ostensiblemente. La fusión va a dejar a los accionistas de Caixabank con un 74.2% y a los de Bankia con un 25,8%, los institucionales tendrán un 37% y los minoristas un 17%. Telefónica y el Fondo de Pensiones del Gobierno noruego serían los siguientes por tamaño, con una perspectiva estratégica en principio. Después estarían los fondos de inversión extranjeros, con una presencia en el accionariado no muy importante –el mayor es BlackRock y tendrá al final algo más de un 3%-, y que no parece seguir más lógica que la de obtener la mayor rentabilidad.

 

Lo que sí es cierto es que la actitud gubernamental declarada desde el primer momento de vender en cuanto se pueda la participación estatal en Bankia ha perjudicado la cotización de la acción, porque los especuladores se han lanzado a una operación continuada de depreciación del valor que ha perjudicado a los intereses públicos y de paso ha facilitado la absorción por parte de Caixabank a un precio muy por debajo del de libros. En base al valor teórico derivado de estos la acción de Bankia cotiza a un 25% de su valor real, mientras que la de Caixabank lo hace a un 50%; esto significaría que el canje se va a hacer un 35% por debajo del valor real de las acciones de la entidad intervenida. Hacer el canje a los precios actuales de mercado supone asumir un precio que no se ajusta al nominal ni al real, que está muy por debajo del derivado de los libros, y que supone liquidar mal un bien público. Ambas acciones están infravaloradas, pero la de Bankia mucho más; es decir, es un auténtico regalo para Caixabank, y que convierte la fusión en una absorción. Por tanto, el FROB debería empezar por exigir la revisión de la relación de cambio en el canje, en defensa del interés público.

 

Es verdad que el índice de bancos del IBEX pierde un 45% en lo que va de año, pero la política de gestos de la Administración ha perjudicado al valor, y a los intereses públicos que debe defender, aunque sea sólo para recuperar la mayor parte de la intervención y cuanto antes. Teniendo en cuenta que se estima que hay un fondo de comercio negativo de 8.000 millones y que las expectativas para el valor son de fuerte revalorización, el Estado no debería darse excesivamente prisa en abandonar el accionariado de la nueva entidad renunciando a recuperar lo que pueda de la intervención, sea vía dividendos, con ampliaciones gratis o por la esperada revalorización de la acción. Sin contar con que con un 16% se puede hacer una buena presión para orientar la política inversora y crediticia desde una perspectiva progresista. En cualquier caso, de esto y de todo el proceso la Administración debería dar explicaciones, y tomar posiciones claras en los tres aspectos que debatimos en este artículo. La postura neoliberal ejercida desde el principio y hasta ahora, no sólo ha ido contra la opción de crear un banco público –por supuesto sin consultar a la sociedad-, sino que ha perjudicado al valor, y ha complicado la recuperación del dinero de todos.