BENEFICIOS, PRECIOS Y SALARIOS
Hormigas Rojas
La reivindicación y lucha por las ocho horas se prolongó durante
décadas; a pesar de que, en algunos países, el 1º de mayo fue olvidado,
ocultado, desprovisto de todo contenido social e, incluso, prohibido en otros como
en España, en plena dictadura franquista, hasta transformar dicha fecha en un irrelevante
día religioso: “San José Artesano”). En
nuestro país, a lo largo de toda la dictadura, las manifestaciones y
movilizaciones de los trabajadores en esta fecha fueron un símbolo de
resistencia frente al franquismo. Miles de trabajadores fueron reprimidos,
detenidos y despedidos del trabajo por reivindicar en el 1º de Mayo el derecho
a la libertad sindical y a unas condiciones dignas de vida y de trabajo.
En cualquier caso, desde sus comienzos, el 1º de mayo ha
venido representando la movilización de una clase social contra la burguesía (lucha de clases), que se concretaba en
el eslogan: “Es necesaria otra política”.
Por eso, solamente teniendo presente lo ocurrido en los últimos años adquiere
una total actualidad el 1º de mayo como “Día Internacional del Trabajo” y reafirma
plenamente la relevancia de la lucha de la clase obrera en el mundo como la
mejor repuesta global y solidaria para combatir la explotación del hombre por
el hombre.
En el manifiesto aprobado para esta ocasión, los sindicatos
mayoritarios (CCOO y UGT) han ratificado su compromiso por la paz y exigido a
la UE un mayor esfuerzo para poner fin al conflicto generado por la invasión de
Rusia en Ucrania (“No a la Guerra”), por el drama que representa para millones
de seres humanos y las fuertes tensiones geopolíticas y migratorias que está generando.
También por su incidencia en el severo aumento de los precios, como
consecuencia del fuerte incremento de la energía, los alimentos y las materias
primas en el marco de la Unión Europea (UE). Además de la subida de los tipos
de interés del Banco Central Europeo, el debilitamiento de la demanda, la
ruptura de suministros e, incluso, la subida del precio de las hipotecas
(Euribor) y el alquiler de viviendas. Con el agravante de que las empresas han
repercutido el aumento del costo de los productos energéticos y de las materias
primas en el precio final de sus productos, con el fin de mantener sus propios
beneficios (aumentados), con la repercusión que ello tiene en las personas más
vulnerables. Sin embargo, se niegan, de manera contumaz, a que los salarios
experimenten aumentos similares.
En este contexto difícil, la respuesta del actual Gobierno de
coalición ha sido notable, a pesar de que está resultando insuficiente, por el
momento, para frenar el alza de los precios y el deterioro de las rentas del
trabajo. En todo caso, los acuerdos entre el Gobierno y los sindicatos sobre
pensiones y salario mínimo (SMI) están protegiendo a 13 millones de personas.
En concreto, se ha garantizado el poder adquisitivo de más de 10 millones de
pensionistas con un incremento del 8,5% y el SMI ha subido el 8%, lo que
representa un incremento del 47% para cerca de 2 millones de trabajadores en
esta legislatura. Ello sitúa al SMI en 15.120 euros anuales, en coherencia con las
exigencias de la Carta Social Europea de alcanzar el 60% del salario medio del
país.
Sin duda, resulta muy relevante el acuerdo sobre la
sostenibilidad de la Seguridad Social (SS) derogando la nefasta reforma del PP,
que limitaba el incremento de las pensiones al 0,25% y hacía recaer los
incrementos de la esperanza de vida exclusivamente sobre los pensionistas, a
través del llamado Factor de Sostenibilidad, que imponía un coeficiente
reductor de la pensión proporcional al referido incremento de la esperanza de
vida. El compromiso adquirido, avalado por Bruselas y conforme con las
orientaciones del Pacto de Toledo, garantiza la sostenibilidad de la SS en la
perspectiva del año 2050 y pone énfasis en aumentar los ingresos y no en
recortar gastos como se venía haciendo hasta ahora.
En concreto, el acuerdo garantiza el mantenimiento del poder
adquisitivo de las pensiones; incrementa las pensiones mínimas y las no
contributivas; aumenta muy ligeramente las cotizaciones y se aplica un “concepto
de solidaridad” ( Mecanismo de Equidad Intergeneracional: MEI); destopa las
cotizaciones máximas y se cotiza por las cantidades salariales que superen la
mencionadas cotizaciones máximas; recupera el fondo de reserva; mejora
sustancialmente la cobertura de las lagunas en la contratación, por situaciones
de cuidados, que afectan sobre todo a las mujeres; incentiva el retraso de la jubilación
y penaliza las jubilaciones anticipadas; mantiene los 25 años y,
alternativamente, los 29 (descontando los 24 meses más desfavorables para el
trabajador), que se toman para establecer la base reguladora de la pensión; y
equipara el régimen de autónomos al régimen general, entre otras medidas
relevantes. Incluso, en la “cláusula de salvaguardia” (exigida por Bruselas),
por la que se habría que adoptar medidas correctoras de equilibrio financiero
del Sistema, en caso de que se rebasaran las previsiones de gasto hasta 2050 (revisadas
cada tres años por la AIREF) se prevé que el Gobierno negocie con los
interlocutores sociales y envíe un proyecto de ley al Parlamento para adoptar
tales correcciones por el lado de los ingresos, los gastos o por el de ambos.
En todo caso, si no se alcanzara un acuerdo mayoritario, automáticamente se
incrementarán las cotizaciones del MEI y no se reducirán los gastos ni, por lo
tanto, las pensiones, por lo que cambia el paradigma de que en caso de desfase
financiero se recorten necesariamente las pensiones.
La reforma laboral también está demostrando su eficacia en
materia de empleo y, sobre todo, en la lucha contra la temporalidad, aunque no en
la precariedad que todavía subsiste en muchos empleos (“trabajos basura” y “trabajadores
pobres”). España ha superado los 20,6 millones de cotizantes a la SS y, en un sólo
año de vigencia de la reforma laboral, la temporalidad se ha reducido en un
7,5% (según la EPA se ha reducido del 25,4% al 17,9%) y la contratación
indefinida ha pasado de una media mensual en torno al 10% a situarse en el
46,8%. A pesar de estos datos positivos, los sindicatos insisten en aumentar
las plantillas de la inspección de trabajo; reforzar los servicios públicos de
empleo y su intermediación en el mercado de trabajo; potenciar las políticas
activas de empleo; y, en definitiva, hacer frente al desempleo que, según la
EPA, supera los tres millones de trabajadores y afecta de manera destacada a
los jóvenes y parados de larga duración.
Las reivindicaciones de la UGT y CCOO también se refieren a
la reducción de la jornada de trabajo y al costo del despido y recuerdan la
demanda sindical interpuesta contra España ante el Comité de Derechos Sociales
del Consejo de Europa, por la baja indemnización del despido, en coherencia con
la firma de España en el año 2021 de la Carta Social Europea que, debemos
recordar, es de obligado cumplimiento en relación con la protección de los
trabajadores ocupados. Efectivamente, en España el despido es muy fácil y
barato; por eso se debe avanzar considerablemente hacia un costo del despido
más justo, disuasorio y adecuado que proteja el empleo como ya lo están
haciendo algunos juzgados en la actualidad, a la espera de la sentencia europea
prevista para finales de año. Además de revisar, en profundidad, la causalidad
del despido y su relación directa con la mencionada protección del empleo.
En todo caso, en este 1º de mayo los sindicatos han alertado
sobre el alza desmesurada de los precios y la pérdida del poder adquisitivo de
los trabajadores, ante la actitud de los empresarios y, en particular, de los
grandes bancos y grandes empresas energéticas con un alto crecimiento de los
beneficios en el pasado año y en el 1º trimestre del presente año. En este
sentido, han denunciado la severa pérdida de los salarios en la renta nacional
y han puesto de manifiesto que los precios en el año 2022 crecieron el 8,4% (achacable
en buena medida a los empresarios) y los salarios recogidos en convenio
solamente el 2,78%.
Eso explica su reiterada insistencia en alcanzar un acuerdo
salarial (V Acuerdo por el Empleo y la Negociación Colectiva), que sirva de guía
para negociar los próximos convenios en el periodo comprendido entre 2023 y 2025.
El Acuerdo salarial trianual finalmente alcanzado no ha sido nada fácil, ante
la dura actitud negociadora de la CEOE, que generó, en el pasado año, una
severa devaluación salarial y un reparto muy regresivo de la crisis y, desde
luego, muy desfavorable para los trabajadores. Todo ello justificó el
llamamiento de los sindicatos, en los últimos meses, a la movilización social (“amenaza
creíble”) y a reforzar la negociación colectiva sectorial articulada, que
comprometa también a los centros de trabajo. El Acuerdo, aparentemente defensivo
y encaminado a limitar daños, a falta de ultimar detalles y de ser ratificado
por las partes, contempla incrementos de salarios del 4% en el presente año y
del 3% en los años 2024 y 2025, además de una cláusula de revisión salarial que
podría alcanzar una subida adicional anual de hasta el 1%, lo que permitiría
mantener el poder adquisitivo de los trabajadores siempre y cuando se cumplan
las previsiones más recientes sobre la inflación futura.
Por último, los sindicatos, sin renunciar a su autonomía
sindical, han recordado la próxima confrontación electoral en la perspectiva de
las elecciones generales previstas para finales de año. En este sentido, han
valorado muy positivamente los logros del Gobierno de coalición en materia
social y laboral, así como su voluntad de impulsar el diálogo y la concertación
social. Razones poderosas, que justifican plenamente el llamamiento a la
participación ciudadana en los diversos procesos electorales encaminados a
profundizar la democracia, reforzar los servicios públicos, apostar por una
fiscalidad progresiva y redistributiva, defender unos salarios dignos y,
finalmente, por un empleo digno y de calidad contrastada. No es extraño, en
este contexto político y electoral, que los sindicatos hayan hecho un serio
llamamiento a la unidad de la izquierda, ante el riesgo real de que puedan
triunfar las fuerzas conservadoras e, incluso, reaccionarias, destruyendo así todo
lo alcanzado en los últimos años en la lucha permanente contra la desigualdad, la
pobreza y la exclusión social.
Sobre todo, cuando persisten retos pendientes de enorme
envergadura: el reparto y gestión de los fondos de la UE; abordar la transición
energética, la sequía y el cambio climático; digitalizar a fondo nuestra
economía; cambiar nuestro modelo productivo (en la perspectiva de que la economía
productiva alcance el 20% del PIB); desarrollar una política de vivienda eficaz
en función de las personas y no de los grandes tenedores de viviendas (“fondos
buitres”); y aumentar la presencia de España en la UE y en un mundo globalizado,
entre otros asuntos. Estos desafíos no son capaces de abordar con eficacia “las
derechas”, empecinadas en practicar una política reaccionaria, regresiva y
contraria al ejercicio de las libertades, ni van a defender un Estado de
bienestar social respetuoso con la “centralidad del trabajo” y la separación de
poderes como elementos fundamentales a salvaguardar en una sociedad moderna,
progresista y democrática.
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