POLÍTICAS SOCIALES SIN REPERCUSIÓN ELECTORAL Y CIUDADANA
Hormigas Rojas
Efectivamente, el incremento del PIB del pasado año (el PIB
adelantado crece el 5%), es el mayor de los últimos 20 años y ha superado las
previsiones del FMI (4,6%) y del Banco de España (4,5%) y todo indica que
liderará el crecimiento de la economía de la UE en el presente año. Además, este
dato, al margen de ser menor del esperado por el Gobierno, ha dejado en ridículo
a las “derechas” y ha puesto en evidencia, una vez más, el catastrofismo
económico y el nulo sentido de Estado del PP (“cuanto peor mejor”).
En coherencia con el crecimiento de la economía, los datos de
empleo recogidos en la última EPA del año 2021 alcanzaron su mayor nivel desde
la crisis del 2002: 20.184.900 ocupados. Además, en el pasado año se crearon
840.600 puestos de trabajo, un volumen sólo superado en el año 2005, y la tasa
de paro marcó su cota más baja en 14 años: el 13,33%. Además, en términos
interanuales, en contra de las maliciosas y muy poco rigurosas declaraciones de
responsables del PP, estos datos demuestran que las plantillas de las empresas
han crecido más en el ámbito privado (744.300) que en el sector público
(96.400).
En relación con la protección social es muy relevante
destacar la aprobación del IMV -a pesar de sus carencias y limitaciones- y el
Acuerdo que deroga la reforma de las pensiones, impuesta unilateralmente por el
PP. Este Acuerdo despeja, por el momento, las dudas sobre la sostenibilidad del
Sistema Público de pensiones y mejora la cuantía de las pensiones, al
revalorizarse de acuerdo con el IPC. En concreto, las pensiones se han
incrementado un 2,5% y las más bajas un 3% en este año. Por otra parte, la
Seguridad Social recupera, vía PGE-2022, algo más de 20.500 millones de euros
en concepto de gastos impropios que venía pagando y que no le correspondía. Sin
duda, este es un hecho de excepcional importancia que no ha tenido la
repercusión mediática que merece, sobre todo en los medios de comunicación
controlados por las “derechas”.
A pesar del espectáculo muy poco edificante de la aprobación
del Decreto Ley sobre la legislación laboral (con la pretensión de derogar la
reforma laboral del PP), el contenido del Decreto mejora notablemente la
situación actual de los trabajadores. Se restaura la ultraactividad de los
convenios colectivos y se recupera la prevalencia de los convenios de sector
sobre los de empresa, aunque sólo sea en relación con los salarios. CCOO y UGT
han manifestado que el Decreto pone fin al desmadre suscitado en las
empresas multiservicios y repercute muy favorables en colectivos concretos: por
ejemplo, una camarera de piso cobrará en torno a 5.000 euros anuales más y un
conductor de una empresa logística unos 7.000 euros más. Por otra parte, se produce un cambio
sustancial en la contratación, pasando de 40 modalidades a 6 modalidades y el
contrato indefinido se considera el contrato ordinario, lo que debe acabar con
la temporalidad sin causa que la justifique que, en la actualidad, afecta muy
particularmente a los jóvenes. Además, se consolidan los ERTE, a partir de la
experiencia positiva de los dos últimos años. El Decreto Ley, en todo caso, no
pone fin al diálogo social en torno a otros asuntos pendientes de negociar: las
causas del despido, la cuantía de las indemnizaciones, restaurar la
autorización administrativa previa de los expedientes de regulación de empleo,
los salarios de tramitación... Todo ello al margen del cambio de modelo
productivo, de facilitar la ampliación de las plantillas en las empresas
pequeñas, además de potenciar la industrialización (especialmente en el sector
agrario), la cualificación profesional, la digitalización de las empresas, el cambio
climático (una transición energética más justa) …
Por otra parte, los sindicatos también han valorado muy
favorablemente el incremento de SMI a 1.000 euros, en el camino emprendido
hasta alcanzar el 60% del salario medio de los convenios en esta legislatura. La
negativa de los empresarios a firmar el acuerdo no invalida el importante
incremento salarial, que tendrá repercusiones muy positivas en los trabajadores
más vulnerables, dignificará los salarios y mejorará las condiciones de vida de
los trabajadores. Todo ello, además, incrementará el consumo y, por lo tanto,
el crecimiento de la economía y la creación de puestos de trabajo. Ha quedado
atrás el debate sobre las repercusiones negativas del incremento del SMI en el
empleo, al carecer la derecha política y económica de argumentos económicos
reales y basar su oposición en defender intereses de parte o, simplemente,
hacer ideología.
Además, a pesar de la alta inflación (6,5% interanual), y del
fuerte incremento de las materias primas, facilitará la próxima negociación
colectiva de este año en sectores y empresas. También abrirá nuevas expectativas
para intentar alcanzar un pacto de rentas trianual: V Acuerdo Inter Confederal
de Negociación Colectiva (ANC), que debería servir de referencia para negociar
los próximos convenios. En este sentido, los sindicatos deberán trabajar a
fondo para evitar la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores, lo que
significará trabajar para recuperar, en primer lugar, la cláusula de revisión
salarial, con muy poca presencia en los convenios negociados en los últimos
años. Además de introducir otros asuntos como, por ejemplo, los relacionados
con las políticas de igualdad, la salud laboral, así como medidas
complementarias que refuercen la negociación colectiva, la cualificación
profesional y la lucha contra la temporalidad.
Finalmente, debemos recordar que la OIT ha denunciado hace
muy poco un problema especialmente preocupante: la pérdida de peso de los
salarios en la economía de nuestro país, lo que este hecho se reafirma como
fuente primaria del aumento de las desigualdades. Según Andreu Missé (El País,
14. 02. 2022), su presencia ha pasado del 66,6% del PIB en 2009 al 61,3% ocho
años después. Por su parte, un estudio del Economic Policy Institute detallaba
también, en 2015, las fuertes desigualdades de las retribuciones en las
empresas. En 1965, los directores ejecutivos de las empresas ganaban 20 veces
el salario de un empleado medio. En 1995 aumentaron hasta 112 veces y en 2014
recibieron el escandaloso equivalente al salario de 303 trabajadores.
En todo caso, los datos enumerados y las políticas sociales aplicadas
en los dos últimos años están repercutiendo y seguirán repercutiendo muy
positivamente en la acción del actual Gobierno, encaminada prioritariamente en
estos momentos a gestionar los cuantiosos fondos de la UE. Sin embargo, no han
tenido ninguna repercusión electoral en las elecciones de Castilla y León. Por
eso, en este contexto político, no es extraño que algunos sectores de la
izquierda muestren una cierta preocupación por el anuncio de Yolanda Díaz de
explorar la constitución de una Plataforma Electoral, como novedosa alternativa
política en la situación actual, situada a la izquierda del PSOE y al margen de
Unidas Podemos, de Izquierda Unida y del Partido Comunista. Una operación política
arriesgada, que puede dividir aún más a la izquierda, con los efectos perniciosos
que ello comporta, sobre todo, con la actual ley electoral.
Desde luego, lo que está claro es que los resultados
electorales de Castilla y León han penalizado fuertemente el adelanto de las
elecciones (no se ha justificado de ninguna manera en la campaña electoral),
así como la aberrante política del PP a nivel nacional salpicada de casos de
corrupción y, en particular, a su presidente Pablo Casado en su obsceno intento
de precipitar su desembarco en La Moncloa (desaparece el “efecto Ayuso” y se
recrudece hasta límites extremos el
enfrentamiento entre Pablo Casado y la presidenta de la Comunidad de Madrid).
También, especialmente, a Ciudadanos, que prácticamente desaparece del tablero
político de nuestro país. Seguramente, por el importante avance de VOX y de las
plataformas provinciales de la llamada “España vacía”. A pesar de todo ello, el
actual Gobierno de coalición salva los muebles, ante sus muy escasas
expectativas electorales, reconociendo que el PSOE y U. Podemos reducen
notablemente el número de procuradores en el parlamento autonómico y no han
sido capaces de conectar con la mayoría de la ciudadanía. Por eso, en
coherencia con todo ello, la izquierda debe reflexionar en profundidad sobre
las repercusiones políticas que estas elecciones pueden tener finalmente en el
ámbito del Estado.
Y, desde luego, responder a las reiteradas preguntas de
muchos ciudadanos: ¿Por qué no han sido capaces el PSOE y UP de rentabilizar
las políticas sociales y los acuerdos de los interlocutores sociales con el
Gobierno? ¿Por qué, a pesar de la bondad de estas políticas, han crecido VOX y
las plataformas electorales en las provincias? ¿Por qué el discurso de la
izquierda no ha resultado suficientemente creíble y capaz de generar ilusión y un
compromiso progresista en los más jóvenes, tanto en las ciudades como en el
entorno rural?
(Gabriel Moreno, Antonina Ramírez, Antonio Sánchez, Juan Sotres, Antón Saracíbar, Ramón Utrera, Javier Velasco, Pedro Espino)
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