2023: UN AÑO ELECTORAL Y CONVULSO QUE MARCARÁ LA PRESENTE DÉCADA
Hormigas Rojas
En este escenario político ha incidido de nuevo, y de manera
muy negativa, el problema de Cataluña y, por este motivo, las reiteradas
desavenencias dentro del Gobierno de coalición, incluso en el seno de Unidas
Podemos (UP) y del PSOE. A ello hay que añadir las dificultades que está
teniendo el Gobierno para rentabilizar las políticas encaminadas a paliar la
crisis, algunas de profundo calado social, con el objetivo de proteger a los
más vulnerables. A ello no es ajeno la desmovilización de la izquierda y una
oposición montaraz y populista de las derechas, en su afán por
deslegitimar cualquier decisión que pueda tomar el Gobierno.
En coherencia con todo ello, los partidos políticos al
comenzar el año se preparan para abordar la campaña relativa a las elecciones
municipales y en algunas Comunidades Autónomas (CCAA) a celebrar el próximo 28
de mayo. Se trata de unas elecciones muy relevantes (por sí mismas) y, para
muchos, representan la primera vuelta de las elecciones generales previstas
para finales del presente año. De nuevo será imprescindible contar con apoyos y
alianzas para garantizar la gobernabilidad a través de la consolidación de
bloques y coaliciones tanto a la derecha como a la izquierda del escenario
político.
En relación con este debate, el PSOE y los partidos a su
izquierda deben revalidar el acuerdo, a todos los niveles posibles, firmado en
su día (sobre todo, cuando en estos momentos, la gran mayoría de la izquierda
asume sin dificultades la coalición PSOE-UP, a partir de las encuestas y de la previsible
relación de fuerzas que se derive de las próximas confrontaciones electorales),
cerrar el polémico capítulo relacionado con los independentistas catalanes (sedición
y malversación de fondos) y, desde luego, explicar de manera convincente las
razones y decisiones de Pedro Sánchez en esta materia. En segundo lugar, hay
que poner en valor las últimas medidas del Gobierno y explicar a los ciudadanos
por qué éstas no son valoradas en su justa medida y, por el contrario, no se
penaliza a las “derechas” en su afán por deslegitimar sistemáticamente la
acción del Gobierno a través de la mentira, la violencia verbal y un populismo
nostálgico.
En estos momentos, son seis los asuntos que, sobre todo,
preocupan a los ciudadanos: las futuras pensiones, el incremento del SMI y de
los salarios en general, el actual deterioro de la sanidad, el precio de la
vivienda (aumento del euríbor), la fiscalidad, el recurrente problema catalán y
el reparto y gestión de los fondos de la UE.
Entre los compromisos asumidos con la UE, en relación con el
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (Componente 30) se
contempla, entre otros, “la adecuación a los nuevos modelos de carrera
profesional del periodo de cómputo para el cálculo de la pensión de jubilación”.
Esto se está interpretando por la mayoría (incluso por el Gobierno español y la
Comisión Europea) como una exigencia para ampliar dicho periodo de cómputo a 30
años o más cotizados e, incluso, a toda la vida laboral, lo que en la práctica
sería muy similar. Esta medida, para una buena parte de los futuros
pensionistas, supondrá pérdidas en su cuantía; por eso, los sindicatos ya han
manifestado su desacuerdo con esta medida. Por su parte, los empresarios se han
opuesto rotundamente al incremento de las bases de cotización y a eliminar el
tope a las cotizaciones más altas. Sólo queda esperar a que el Gobierno tome
una decisión que, en estos momentos, debaten los socios de la coalición, dando
por hecho que este asunto tendrá una fuerte repercusión electoral.
En cuanto a los salarios, el Gobierno debe tomar la decisión
de incrementar el SMI en los próximos días, a partir de las posiciones
encontradas entre los interlocutores sociales. En cuanto a la negociación
colectiva, los sindicatos están a la espera de que los empresarios (CEOE) se
sienten a negociar un gran acuerdo de referencia para los próximos años. Parten
de una referencia obligada: los salarios de los convenios han perdido casi seis
puntos de su poder adquisitivo en una situación de fuertes aumentos de los
beneficios empresariales. En este contexto, resulta preocupante la
desmovilización de los trabajadores y la poca capacidad de presión de los
sindicatos para forzar a la patronal, que está consiguiendo lo que se proponía:
devaluar los salarios de nuevo y que el costo de la crisis recaiga una vez más
en los trabajadores.
Por su parte, la sanidad, al margen de las competencias
transferidas a las CCAA, según la mayoría de los ciudadanos, se está degradando
paulatinamente, sobre todo a partir de las extremas políticas de austeridad
practicadas en la UE y, más recientemente, de la COVID-19, tanto por la falta
alarmante de recursos materiales como de recursos humanos, lo que justifica
plenamente las fuertes políticas de movilizaciones en defensa de la sanidad
pública. En este sentido, la atención primaria (listas de espera) y la medicina
preventiva deben ser revisadas a fondo y en profundidad. Lo mismo debe hacerse
con el gasto en farmacia y, sobre todo, se debe poner freno a la
externalización de servicios y a su privatización convirtiendo la sanidad en un
suculento negocio, a costa de la precariedad y de los bajos salarios de los
profesionales sanitarios.
Por lo que respecta a la vivienda, el Gobierno debe presentar
en el parlamento una ley que aborde el grave problema de los precios abusivos
de compra y alquiler de una vivienda (tope al aumento de los alquileres), dada su
fuerte repercusión en la emancipación de los jóvenes de acuerdo con lo que
establece nuestra propia Constitución (derecho a una vivienda digna). Además, y
más en concreto, se pretende abordar el problema que generan las “viviendas
vacías”, el comportamiento especulativo de los “fondos buitre” y apostar
decididamente por un parque público de viviendas en alquiler.
Por otra parte, el Gobierno debe presentar a Bruselas un plan
capaz y convincente de aumentar los ingresos fiscales, a partir de una
sustancial mejora de la lucha contra el fraude fiscal (sobre todo en el
impuesto de sociedades). La filosofía de cualquier reforma que se considere
progresista debe insistir en superar el desarme fiscal de las derechas y
en que paguen más los que más tienen, por lo que se debe tener en cuenta y
primar, sobre todo, el aumento de los impuestos directos sobre los indirectos
(recuperar la progresividad perdida). Sin abandonar, en materia impositiva, un
principio básico: el equiparar las rentas del trabajo y las rentas del capital.
También, el problema catalán debe ser abordado de tal manera
que no resulte nocivo para la izquierda en términos electorales, ante la reiterada
utilización populista de este asunto por las derechas. Por eso, debe ser
tratado dentro del Gobierno de coalición y también en el seno del PSOE en busca
de fórmulas de compromiso favorables para Cataluña y para el conjunto del
Estado en la perspectiva de un estado federal. Todo ello debe ser compatible
con una oposición férrea y creíble que frene la impunidad de las fuerzas
independentistas en su afán por violentar los principios constitucionales.
Finalmente, hay que mejorar considerablemente la información
a los ciudadanos sobre el reparto y la gestión de los fondos europeos. Existe
la sensación de que el reparto es desigual y beneficia a las grandes empresas y
a algunas CAAA y ayuntamientos. Además, se exige que estos fondos pongan en
valor nuestras fortalezas económicas y sociales: apuesta digital; formación,
investigación e innovación; turismo de calidad; energías renovables (eólica y
solar); automóvil eléctrico (baterías); industrialización del sector agrario;
vivienda y restauración de edificios, fomentar la regasificación energética; apostar
por el medio ambiente; e, incluso en la actualidad, por el “hidrógeno verde” …
Todo ello, en la perspectiva de un cambio de modelo productivo que contemple el
repunte del sector industrial hasta alcanzar el 20% del PIB, la superación de
los fuertes desequilibrios territoriales y el aumento de las plantillas de las
microempresas (fomentar la productividad en las empresas de 1 a 9 trabajadores)
que, según Alberto Pérez García, de Adecco Group de España, suponen el 85,45%
de las empresas y emplean al 20,32% (3.040.890) de los trabajadores de nuestro
país en diciembre de 2022.
Se trata de asuntos relevantes para todos los ciudadanos, que
deberían marcar el debate y la actividad política en los próximos meses, junto
a los problemas localizados en los municipios, provincias y CCAA que, desde
luego, deben tener el máximo protagonismo posible y no estar supeditados a los
problemas de ámbito estatal. En cualquier caso, el empecinamiento en confrontar
con la ultraderecha está agotado y no tiene ningún interés para los ciudadanos
y, en coherencia con ello, no debe ser motivo de debate en la próxima
confrontación electoral. La ciudadanía considera inevitable que el PP pacte con
VOX si está en juego el formar un hipotético gobierno. El ejemplo lamentable de
Castilla y León, y de otras CCAA, son suficientemente significativos. Esperar y
ver.
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