PSOE: LUCES Y SOMBRAS DEL 28 DE OCTUBRE
Hormigas Rojas
En todo caso, las políticas que el
PSOE y los sindicatos defendieron en aquella etapa fueron muy significativas.
En primer lugar, primó la recuperación de la “memoria histórica”, lo que puso
en valor las enseñanzas y logros alcanzados por la lucha del movimiento obrero a
través de su historia. En segundo lugar, se apostó por un marco de relaciones
laborales respetuoso con la libertad sindical, la autonomía de las partes,
el equilibrio de la relación de fuerzas y la capacidad de los sindicatos para
negociar en representación de todos los trabajadores. En tercer lugar, se
defendió la centralidad y el derecho
del trabajo en un contexto democrático, frente a los intentos de reforzar aún
más a los poderes fácticos: fuerzas del capital, empresarios y poder mediático.
Por último, se recogieron las aspiraciones y alternativas de la socialdemocracia
europea en un contexto, todavía, de guerra fría y de fuerte militancia
anticomunista.
Efectivamente, y esto es muy relevante,
se intentaron aplicar, con el mayor rigor posible, las ideas socialdemócratas.
En concreto, se apostó decididamente por el empleo y la protección social y, en
definitiva, por una política redistributiva que respondiera positivamente a los
más débiles y significara un serio avance hacia la necesaria modernización
económica y la plena igualdad de género. Otros asuntos, no menos relevantes,
tuvieron que ver con la defensa de los valores republicanos, el laicismo, la
educación pública y la descentralización territorial en la perspectiva de un Estado
Federal.
En aquel entonces, las ideas
socialdemócratas se identificaban con una política económica que tuviera como
prioridad el pleno empleo: un empleo de calidad, con derechos y respetuoso con
el medio ambiente; un sector público empresarial estratégico como un
instrumento eficaz de la política económica del gobierno; una adecuada política
de inversión pública, sobre todo en periodos de obsolescencia del aparato
productivo y en contextos económicos recesivos; una política fiscal basada en
la progresividad, la lucha contra el fraude fiscal, los impuestos directos (no
en los indirectos) y, desde luego, en la modernización del aparato impositivo
del Estado; una protección social avanzada que garantizara un sistema público
de pensiones digno, la prestación social por desempleo y una cobertura
económica suficiente para las personas dependientes; y, por último, unos
servicios públicos gratuitos y de calidad contrastada (sanidad, educación y
servicios sociales), enmarcados en una profunda reforma de las administraciones
públicas.
En el desarrollo y aplicación de
estas políticas fue inevitable el desacuerdo. Un desacuerdo previsible entre un
partido interclasista en el gobierno y todos los sindicatos de clase. Los motivos de este enfrentamiento tuvieron
mucho que ver con un hecho real y constatable: los sindicatos se sintieron
incomprendidos -cuando no traicionados- al no ser correspondido por el gobierno
el esfuerzo de corresponsabilidad realizado por los trabajadores, en un contexto
económico particularmente difícil.
Debemos
recordar que los sindicatos aceptaron, después del triunfo electoral del PSOE,
con lealtad, un duro ajuste industrial y de salarios justificado por la crítica
situación de la economía española, esperando recuperar más tarde una parte de
los beneficios que se generarían por un mayor crecimiento de la economía. Sin
embargo, eso no ocurrió y además se comprobó que en el gobierno predominaba un
enfoque neoliberal que mantenía una permanente demanda de contención salarial y
planteaba duras propuestas que chocaban con las reivindicaciones sindicales:
los incumplimientos del Acuerdo Económico y Social (AES); los continuos
llamamientos a la moderación salarial; la desnaturalización jurídica de la
contratación indefinida y el abuso sistemático de la contratación temporal; el
desplome de la protección por desempleo; así como la reforma de la Seguridad
Social en el año 1985, encaminada a recortar las pensiones; y, finalmente, el
referéndum de la OTAN, en 1986, son seis motivos de grave confrontación.
Además de
las medidas impopulares, lo que preocupaba a los dirigentes sindicales era el
tono con el que eran tratados los sindicatos en las altas esferas del gobierno:
la visión creciente de los sindicatos como organizaciones opuestas al progreso
social, como grupos de presión en defensa de intereses corporativos a los que
había que limitar su capacidad de acción. Se postuló, en definitiva, una
“socialdemocracia sin sindicatos” …, como si eso fuera posible.
Todo ello
unido a un discurso sobre el fin de la clase trabajadora en un mundo post-
industrial, defendiendo que las clases medias profesionales abandonaran la
alianza con la clase obrera. Ésta pasó de ser vanguardia de la transformación
social a un grupo social en declive, retardatario y conservador al que había
que frenar en su creciente influencia en la sociedad. Los sindicatos se
preguntaban por qué ahora, cuando vivimos en una situación más favorable,
resulta tan difícil llegar a acuerdos. Por qué para el gobierno y los
empresarios es fácil negociar cuando se trata de repartir los costos de la
crisis, pero no lo es tanto cuando se trata de negociar cómo repartir los
beneficios ante la creciente demanda social que exigía la creación de puestos
de trabajo, aumentar los salarios, recuperar la seguridad en la contratación,
aumentar los niveles de protección social y, en definitiva, mejorar las
condiciones de trabajo.
Indudablemente,
la situación había mejorado en la segunda mitad de la década de los ochenta. En
España, en esa etapa, se vivían momentos de recuperación y de relanzamiento
económico, que fue posible, fundamentalmente, gracias al sacrificio de los
trabajadores. Las empresas obtenían importantes beneficios y las empresas y sectores
industriales, que habían pasado por procesos de reconversión, se encontraban
saneados y en proceso de desarrollo. En este sentido, según el Informe Anual
del Banco de España, en el año 1.988, la economía creció el 5,8% del Producto
Interior Bruto (PIB). Sin embargo, y esto es lo que resultaba más chocante, se
continuaba exigiendo la reducción de salarios y se achacaba a éstos todos los
males de nuestra economía: particularmente el aumento de la inflación. Además
de precarizar el empleo y flexibilizar el mercado de trabajo: la última medida
laboral para los jóvenes fue una muestra más de esta afirmación, que se
concretó en el regresivo Plan de Empleo Juvenil (PEJ).
Esto
justificó, sobre todo, que el conjunto del movimiento sindical encabezara la
contestación obrera reivindicando el reparto de una parte de los beneficios que
se estaban generando en esos momentos por un mayor crecimiento de la economía:
la exigencia del “giro social”, como compensación de la “deuda social”
contraída con los trabajadores desde años atrás. La contestación sindical,
concretada en la huelga general del 14 de diciembre de 1988, se hizo eco incluso
en el ámbito internacional y contó con el apoyo expreso de la Confederación
Europea de Sindicatos (CES) y de la Confederación Internacional de Organizaciones
Sindicales Libres (CIOSL).
La
consecuencia más negativa de todo ello fue el enfrentamiento con el gobierno
socialista y, en concreto. con su política económica y social, en coherencia
con la defensa que hicieron los sindicatos de una política de solidaridad y,
por lo tanto, de los trabajadores más débiles: jóvenes sin empleo, pensionistas,
trabajadores con un contrato en precario, dependientes del SMI o con salarios
muy bajos y parados sin prestación por desempleo.
La parte
positiva del enfrentamiento fue que los sindicatos se hicieron mayores de edad;
rearmaron a sus cuadros en la defensa de sus siglas; reafirmaron su autonomía;
y con su actuación consiguieron fortalecer, más si cabe, el carácter
constitucional de los sindicatos en defensa de los trabajadores. Los sindicatos
hicieron músculo, incrementando de forma notable sus afiliados en los centros
de trabajo, y ello les hizo más fuertes y seguros de sí mismos. Además de
alcanzar un año después muchas de las reivindicaciones de la huelga general.
Con ello se demostró que la lógica política no tiene nada que ver con la lógica
sindical y que el papel de los sindicatos y de los partidos políticos es
distinto en una democracia, sobre todo cuando la gran mayoría de los partidos
son interclasistas declarados.
Para
explicar mejor este enfrentamiento, debemos recordar que el PSOE, en su congreso extraordinario, celebrado en el año 1979, tomó la decisión de
abandonar el marxismo y, en coherencia con ello, desde esa fecha se declara
partido interclasista, con lo que ello significaba y sigue significando en su
relación con los sindicatos. Este congreso, incluso, condicionó en la práctica el
modelo de partido al supeditar la organización (el colectivo) al líder
carismático. En definitiva, se supeditaron las ideas a la personalidad y a la
decisión del secretario general, que tuvo su corolario final en las “Primarias”
con el propósito de mejorar la malparada democracia interna. No es extraño que,
en su momento, se constituyera como corriente de opinión Izquierda Socialista y
que después el PSOE tuviera dificultades a la hora de sustituir a Felipe
González. Tampoco es extraño que se reivindique por muchos recuperar el
espíritu crítico y mejorar el funcionamiento del partido para participar más
eficazmente en el tejido social, con una clara voluntad de fomentar el debate
interno, la rendición de cuentas de sus dirigentes y la toma de decisiones de
abajo arriba (democracia delegada).
En cualquier
caso, y para muchos, las elecciones del 28 de octubre de 1982 representaron el final
de la transición de la dictadura a la democracia. Por lo tanto, se las puede
considerar en términos históricos, políticos y sociales, unas elecciones muy importantes.
En coherencia con ello, esta reflexión no pretende, de ninguna manera, poner
sordina al triunfo electoral del PSOE; simplemente, se trata de analizar, de
manera más equilibrada, las luces y sombras de lo acontecido en unos momentos
tan trascendentales de nuestra reciente historia. Y, lo que es más importante, se
pretende que estos hechos estén siempre presentes en la aplicación de una
política socialdemócrata y que, en todo caso, sean una referencia en la lucha
contra la desigualdad, la pobreza y la exclusión social.
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