LA MINISTRA DE TRABAJO CON LOS SINDICATOS: “SALARIOS O CONFLICTO”
Hormigas Rojas
Esta reprimenda tiene una
relación directa con los fallidos intentos de llevar a cabo un pacto de rentas,
lo que en la práctica refuerza, todavía más, la conveniencia de alcanzar un
acuerdo plurianual de salarios entre los interlocutores sociales (un nuevo
Acuerdo por el Empleo y la Negociación Colectiva con una vigencia de tres años).
Este acuerdo facilitaría la negociación de miles de convenios colectivos encaminados
a regular los salarios y las condiciones de trabajo en los sectores y empresas
de nuestro país.
El principal escollo para
conseguir un gran acuerdo Interconfederal de salarios se establece en torno a
que los convenios contemplen cláusulas de revisión salarial. En estos momentos,
el mantener este principio es imprescindible para que los sindicatos acepten
moderar los salarios ante el alza considerable de la inflación (10,5% en el mes
de agosto en cómputo anual, media en el 9,0% y subyacente en el 6.4%: este
último porcentaje excluye el precio de los alimentos no elaborados y los
productos energéticos), sobre todo cuando los salarios crecen actualmente al
2,56% y, por lo tanto, no son en absoluto los culpables del alza de la
inflación (la OCDE estima que los trabajadores españoles perderán este año el
4,5% de su poder adquisitivo). En todo caso, es fundamental que los
trabajadores no pierdan poder adquisitivo, que el costo de la crisis no recaiga
en los más vulnerables y, por lo tanto, que se repartan mucho más equitativamente
los elevados costos derivados de la crisis económica y social.
Debemos recordar, en
términos históricos, que los sindicatos siempre han negociado los convenios en
base a la inflación pasada, lo que hacía innecesarias las cláusulas de
revisión. Sin embargo, el carácter inflacionista de esta fórmula justificó que
los sindicatos aceptaran negociar en base a la inflación prevista (o futura) en
un ejercicio de responsabilidad para frenar el alza desmedida de los precios. Como
contrapartida, la aceptación de este principio exigió a los empresarios que aceptaran
introducir las cláusulas de revisión salarial en los convenios. De no hacerlo, como
pretenden actualmente los empresarios, las consecuencias de esta política miope
y cortoplacista serán muy negativas para los trabajadores e, incluso,
contraproducentes para el conjunto de las empresas y la economía en general. En
este sentido, no debemos descartar que ello acreciente la incertidumbre en las
empresas, la conflictividad social (por la negociación abierta de miles de
convenios sin referencia salarial por arriba), la previsible pérdida del poder
adquisitivo de los salarios y la caída del PIB por el desplome del consumo
interno y la inversión.
Por eso, no es extraño
que los sindicatos anuncien futuras movilizaciones en empresas y sectores (dentro
de la campaña de protestas organizada por la Confederación Europea de
Sindicatos), a pesar de la desmovilización social y de que los sindicatos hayan
sufrido en los últimos años las consecuencias de la brutal reforma laboral de
Mariano Rajoy, sobre todo en materia de negociación colectiva (primando el
convenio de empresa sobre el sectorial) y a través de la devaluación salarial.
No debemos olvidar que los sindicatos en los últimos años han actuado con notable
responsabilidad limitándose a frenar los daños y los perniciosos efectos de la
crisis. Precisamente por ello, adoptaron una actitud defensiva ante la negativa
relación de fuerzas en un contexto económico desfavorable esperando que la situación
mejorara. Esta actitud ha debilitado el músculo sindical en las empresas, lo
que requiere una profunda reflexión sobre el trabajo sindical relativo a los
convenios de sector y de empresa e, inclusive, sobre la influencia que tienen
los grandes acuerdos confederales en la negociación colectiva de ámbito
inferior. Los trabajadores no entienden ni aceptan que la actitud radical de
los empresarios no se corresponda en absoluto con la responsabilidad demostrada
por los sindicatos en la defensa de sus intereses.
Desde luego, nada será
posible si los sindicatos no inspiran respeto y mejoran sustancialmente su
relación de fuerzas, única manera de acrecentar su capacidad de negociación y
de movilización social. Todo ello requiere actuar sobre cinco grandes capítulos:
aumentar la presencia y afiliación en colectivos específicos, que en estos
momentos están al margen del movimiento sindical; incrementar la
representatividad sindical; avanzar en la formación de cuadros, delegados y
militantes; fortalecer la autonomía del sindicato; y, sobre todo, fomentar la
unidad de acción sindical y potenciar el desarrollo de la actividad sindical a
todos los niveles. No debemos olvidar que los gobiernos y los empresarios nunca
regalan nada. Por eso, una sobre actuación sindical de carácter burocrático,
institucional y administrativo; o, si se quiere, una acción sindical
acomodaticia, encaminada simplemente a limitar daños y a conseguir logros a
corto plazo, está condenada al fracaso.
Por otra parte, debemos
recordar que, en estos momentos, el Gobierno tiene competencias para incrementar
el SMI y también capacidad para fijar las retribuciones de los empleados
públicos, lo que pondrá a prueba la coherencia de la ministra de trabajo y el
cumplimiento de los compromisos contemplados en el Acuerdo de gobierno entre el
PSOE y UP. En relación con estos asuntos, no debemos olvidar que los sindicatos
exigen al Gobierno un incremento del SMI hasta alcanzar 1.100 euros, en base a
lo que establece la Carta Social Europea:
alcanzar el 60% del salario medio de convenio. En cuanto a las
retribuciones de los empleados públicos, los sindicatos presentes en la función
pública exigen que se negocien las partidas presupuestarias relacionadas con el
capítulo uno de los PGE-2023 y, desde luego, que los empleados públicos no
pierdan poder adquisitivo.
En todo caso, y a pesar
de los reiterados llamamientos a la responsabilidad y a la defensa de la
autonomía de las partes, la CEOE- CEPYME sigue manteniendo de manera radical e intransigente
sus posiciones en la actual coyuntura política, económica y social. Debemos recordar que los empresarios están participando
activamente en el periodo previo a la celebración de su congreso, donde Antonio
Garamendi aspira a ser reelegido como presidente de la gran patronal española.
También que estamos inmersos en plena precampaña electoral, relacionada con las
elecciones en ayuntamientos y CCAA. En este contexto político, no se espera que
los empresarios apoyen la política de un gobierno de izquierdas (PSOE-UP), sobre
todo cuando están sufriendo una fuerte presión de los poderes fácticos: mediáticos,
económicos y financieros.
Efectivamente, en este
supuesto, no es previsible que los empresarios cambien de parecer y se sienten
a negociar el reparto de los costos de la crisis actual con el Gobierno y los
sindicatos. No es extraño este comportamiento: la CEOE-CEPYME ha llegado a la
conclusión de que sus intereses están más a salvo sin acuerdo que con acuerdo,
sobre todo cuando los empresarios se encuentren muy cómodos con la actual
legislación, con las subvenciones y apoyos que reciben en relación con el
empleo, la fiscalidad y las cotizaciones a la seguridad social y, más en concreto,
con la favorable relación de fuerzas que tienen en los centros de trabajo. Todo
ello, incluso, les permite incrementar unilateralmente los beneficios que se
generan en las empresas por el aumento de la productividad, lo que seguirá
facilitando la acumulación de excedentes y la transferencia de rentas del
trabajo al capital como viene ocurriendo desde hace años.
Por eso, en la
actualidad, muchos esperan que se acreciente considerablemente la capacidad de
presión del Gobierno y, sobre todo, de los sindicatos hacia los empresarios
para corregir la actual situación. Mientras tanto, seguirá vigente el gran desafío
que representa para la izquierda el mantener un compromiso decidido por el
empleo, la mejora de la protección social, el fortalecimiento de los servicios
públicos y el acometer una reforma fiscal en profundidad: redistribución de la
riqueza, superación de las desigualdades y, como consecuencia, la lucha contra
la pobreza y la exclusión social. Al margen de que los sindicatos insistan en
la conquista de la “democracia económica”, con el propósito de garantizar la
participación plena de los trabajadores, la transparencia obligada de las
empresas y el ejercicio práctico de la responsabilidad social corporativa,
sobre todo en las grandes compañías multinacionales. A todo ello también debe
contribuir, en buena medida, la inspección de trabajo en su labor inspectora
encaminada a que se cumpla la legislación laboral y social en los centros de
trabajo.
Nada será fácil, la
continuidad de la guerra de Ucrania, el incremento de los tipos de interés del
Banco Central Europeo (BCE) y sus repercusiones negativas, son obstáculos muy
relevantes: aumento del costo de los intereses de la deuda pública, reducción
del PIB (consumo e inversión), aumento del desempleo y el encarecimiento de las
hipotecas. Al margen del descontrol de los productos energéticos, del
encarecimiento de los productos básicos de la cesta de la compra y de la buena
voluntad (esperemos que con acierto) de Yolanda Díaz en su intento de reducir
los mismos a través de un acuerdo con las grandes superficies.
Mientras tanto, sobre
todo después del último debate en el Senado entre Pedro Sánchez y Núñez Feijóo,
se constata en el escenario político que el PP sigue sin visión de Estado y sin
ejercer su imprescindible labor de oposición responsable. En coherencia con
ello, tampoco se espera que participe en las tareas mayúsculas que tiene que
abordar España en los próximos meses en el complejo mundo de la Unión Europea.
(Antonio Sánchez, Ramón
Utrera, Juan Sotres, Nina Ramírez, Gabriel Moreno, Pedro Espino, Gregorio
Benito, Antón Saracíbar, Javier Velasco)
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